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El gobierno declaró a la RAM como organización terrorista por sus acciones violentas en la Patagonia

La Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) fue incluida en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). El gobierno fundamentó la decisión en un informe técnico que detalla las actividades del grupo y su impacto en la seguridad nacional.
14.02.2025 [+]

El Ministerio de Seguridad tomó esta medida con el respaldo de la Ley de Ministerios N° 22.520 y la Ley de Seguridad Interior N° 24.059, que establecen la obligación de preservar el orden público y la seguridad interior. El Decreto N° 918/2012 regula las condiciones para incorporar a personas o entidades al RePET, en casos donde sus acciones representen una amenaza concreta para la estabilidad del país.

La RAM ha operado en el territorio argentino durante más de 15 años, con presencia principalmente en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut, manteniendo además vínculos con la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) de Chile. Sus acciones incluyen incendios intencionales, ocupaciones de tierras, ataques armados y sabotajes a infraestructuras estratégicas, generando serios perjuicios para la región y sus habitantes.

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El informe presentado por el Ministerio señala que la organización ha cometido reiterados delitos contra la propiedad y la seguridad pública, promoviendo la resistencia violenta contra el Estado y contra particulares. Francisco Facundo Jones Huala, identificado como uno de los líderes de la RAM, cuenta con antecedentes en la justicia chilena por participar en hechos similares.

Las actividades atribuidas a la RAM han afectado significativamente la producción, el comercio y el turismo en la Patagonia. También se responsabiliza al grupo por incendios forestales que han causado daños ambientales y económicos de gran magnitud. Además, la organización ha generado temor en las comunidades locales mediante amenazas, bloqueos de rutas y otros actos intimidatorios.

Con esta inscripción en el RePET, el gobierno busca fortalecer el marco legal para enfrentar a la RAM y otras organizaciones consideradas una amenaza para la seguridad del país.

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