El gobierno aplicaría la ley de abastecimiento de 1974 que terminó en el “Rodrigazo”

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, advirtió este viernes que de no haber acuerdo con los productores y comercializadores de alimentos para este lunes, se avanzará con “políticas de precios máximos no consensuadas”, y anticipó que luego de los alimentos se buscará extender la política de precios a otros sectores.

“Yo espero cerrar este acuerdo y ponerlo operativo el lunes, si no aplicaremos las leyes. Quiero evitar eso”, afirmó Feletti esta mañana en diálogo con Radio AM 750.

La Ley de Abastecimiento y Represión del Agio sancionada en 1974 facultaba al Poder Ejecutivo a establecer, para cualquier etapa del proceso económico, precios máximos y/o márgenes de utilidad y/o disponer la congelación de los precios en los niveles vigentes o en cualquiera de los niveles anteriores (art. 2 inc. a). En esta norma se fundamentó la política de “inflación cero del ministro Gelbard en los años 1974 y 1975 y que terminó en el célebre “Rodrigazo”.

Ahora bien, esa facultad de fijar precios del Poder Ejecutivo fue suspendida por el artículo 4º del decreto 2284/91. Conforme lo establece esta norma legal, “se suspende el ejercicio de las facultades otorgadas por la ley 20.680, el que solamente podrá ser reestablecido, para utilizar todas o cada una de las medidas en ella articuladas, previa declaración de emergencia de abastecimiento por el Honorable Congreso de la Nación, ya sea a nivel general, sectorial o regional”.

A mayor abundamiento, el artículo 1º del decreto 2284/91 dispone que se dejan sin efecto las restricciones a la oferta de bienes y servicios en todo el territorio nacional, las limitaciones a la información de los consumidores o usuarios de servicios sobre precios, calidades técnicas o comerciales y otros aspectos relevantes relativos a bienes o servicios que se comercialicen, y todas las otras restricciones que distorsionen los precios de mercado, evitando la interacción espontánea de la oferta y de la demanda. Esto, además de una declaración de política económica sobre libertad de precios, es una norma imperativa al respecto: en la Argentina rige legalmente la libertad de precios. El decreto 2284/91 tiene jerarquía de ley, pues fue ratificado por el Congreso nacional por ley Nº 24.307.

El “Rodrigazo” fue un plan de ajuste anunciado el 4 de junio de 1975, por el ministro de Economía Celestino Rodrigo, durante la presidencia de María Estela Martínez de Perón y la gestión del por entonces hombre fuerte del gobierno peronista, José López Rega.

Con el argumento de eliminar la “distorsión” de los precios relativos, Rodrigo impulsó una serie de medidas de shock, que incluyeron una fuerte devaluación del peso, aumento de los servicios públicos, transporte y combustibles de hasta el 180%, y topes a los aumentos salariales acordados en las negociaciones colectivas, con el fin de retrasar considerablemente los salarios reales. Las medidas dispararon la inflación, que pasó del 24% en 1974 al 182% en 1975, dando inicio a una década y media de tasas de inflación superiores al cincuenta por ciento anual. Se produjo el desabastecimiento de gran cantidad de productos esenciales, entre ellos alimentos, combustibles y otros insumos para transporte.

El Rodrigazo generó una fuerte oposición del movimiento obrero argentino encabezado por la Confederación General del Trabajo (CGT), que se concretó en una huelga general (la primera contra un gobierno peronista) de 48 horas y grandes movilizaciones populares, que causaron la renuncia del ministro Rodrigo y López Rega.