El nuevo organismo será autárquico y aunque aún no está formalizado, es casi un hecho que su conducción quedará a cargo del actual subsecretario de Ingresos Públicos, Santiago Montoya, quien -desde el rol de director ejecutivo de ente- tendrá facultades absolutas para decidir el futuro del personal de las tres áreas que serán disueltas.
El tema del personal es, precisamente, uno de los puntos más polémicos del proyecto redactado por el secretario para la Modernización del Estado, Florencio Randazzo, y el ministro de Economía, Gerardo Otero, ya que deja en manos del director ejecutivo del futuro organismo la decisión de “promover, sancionar y disponer bajas” cuando se dicte una “ley especial que fije un régimen laboral propio”.

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ATRIBUCIONES DEL NUEVO ENTE
La función esencial de la Agencia de Recaudación Tributaria será ejecutar la política tributaria bonaerense mediante la aplicación, recaudación y fiscalización de los impuestos, y entre sus atribuciones se encuentran:
• Aplicar el Código Fiscal y las leyes de Catastro e Impositiva.
• Firmar convenios con organismos municipales, regionales, provinciales, nacionales e internacionales, personas o entidades públicas o privadas.
• Autorizar la recaudación de los tributos por intermedio de instituciones bancarias o agentes, tanto oficiales como privados.
• Administrar los recursos asignados pudiendo autorizar, vender, adjudicar y contratar obras, bienes y servicios bajo cualquier modalidad.
La nueva estructura estará sometida a los controles de los organismos de la Constitución y para acciones judiciales de recupero de créditos fiscales, el Fiscal de Estado designará “como mínimo 36 apoderados ad hoc”, cada uno de los cuales será seleccionado de ternas elevadas por la Agencia de Recaudación.

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DIRECCION Y ADMINISTRACION
El director ejecutivo del nuevo organismo será designado por el Gobernador a propuesta del ministro de Economía y podrá ser removido en caso de “mal desempeño o incumplimiento de los compromisos de gestión”.
Los “compromisos de gestión” serán programas acordados y suscriptos anualmente por el director ejecutivo y el ministerio de Economía, cuya finalidad será definir el curso de acción a seguir por el organismo y los resultados concretos a alcanzar en materia de políticas, objetivos y metas debidamente cuantificados.
Además de dirigir y administrar el organismo, el director ejecutivo tendrá, entre otras, las siguientes funciones:
• Fijar las políticas, el planeamiento estratégico, los programas y criterios generales de conducción del ente.
• Proponer a Economía normas que complementen, modifiquen o reglamenten la legislación tributaria provincial.

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LA SITUACION DEL PERSONAL
Uno de los puntos más polémicos del proyecto que se enviará a la Legislatura esta semana es, como se dijo, el del personal.
Establece que las relaciones laborales en el nuevo organismo se regirán por un “régimen propio” que a fijar por una “ley especial”. Y ese régimen contemplará que los niveles superiores sean “concursados en forma abierta” y su estabilidad estará “sujeta al resultado de los compromisos de gestión”.
El proyecto también prevé que el organismo dispondrá de una “cuenta incentivo” en la que se acreditará “hasta el 5 por mil del importe de la recaudación” para su distribución entre el personal según un sistema que “pondere la situación de revista, el rendimiento y la eficiencia de cada nivel y de agente, en base a parámetros objetivos de medición” que serán acordados con el ministerio de Economía.
El titular de la Agencia podrá “designar personal, promover, sancionar y disponer bajas” y estará habilitado para “dictar los reglamentos internos, propendiendo a la profesionalización” contemplando la instrumentación de planes de incentivos, premios y sanciones.
Pero hasta que no sea aprobada la “ley especial” del “régimen laboral propio”, el pase del personal de las tres áreas disueltas al nuevo organismo se realizará “sin despidos” y garantizando la estabilidad de la planta permanente.
A los empleados que cumplen funciones en Ingresos Públicos, Rentas y Catastro también se les reconocerá su antigüedad laboral y, mientras no salga la “ley especial”, mantendrán su retribución salarial.