Descubren un circuito de cárceles clandestinas
El juez federal de Campana, Federico Faggionatto Márquez, constató la existencia de una decena de centros clandestinos de detención que conformaban un “circuito represivo” que funcionó en el nordeste de la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura militar.
El pronunciamiento de Faggionatto, que forma parte de una causa impulsada por la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense (SDH), permitió a la Justicia comprobar la utilización, como centros de detención ilegal, del buque Patrullero ARA Murature; la Base Naval de Zárate; al Instituto de Formación de Zárate; las secciones Campana y Zárate de la Prefectura Naval Argentina; el ex predio del Tiro Federal de Campana; la ex Fábrica de Tolueno Sintético de Fabricaciones Militares; así como varias comisarías de la región.
Los resultados de la pesquisa judicial fueron presentados ayer en esta ciudad por el secretario de Derechos Humanos provincial, Remo Carlotto, quien sostuvo que “ésta es la primera causa en el país en la que el Estado se presentó como querellante ante la justicia federal para que se investiguen los crímenes cometidos durante la última dictadura militar”.
Y destacó que los centros ahora descubiertos no habían sido denunciados anteriormente ante la Justicia.
La denuncia había sido presentada el 21 de enero último y, luego de numerosos testimonios e inspecciones a distintos sitios por parte de Faggionatto y de ex detenidos, se pudo comprobar la existencia del “circuito represivo”.
Ante la dimensión que cobró la causa, el magistrado consideró como probado hasta el momento en el ámbito territorial del juzgado a su cargo “la existencia de un circuito clandestino de represión, tortura y detención”, en Baradero, Campana, Escobar, Exaltación de la Cruz, Pilar y Zárate.
La denuncia de la SDH ante Faggionatto se inscribe en un programa que apunta a localizar centros clandestinos de detención durante la dictadura militar en la provincia.
Durante una conferencia de prensa en la que se difundió el pronunciamiento judicial, Carlotto ratificó que -como ocurrió en esta causa- el gobierno de Felipe Solá ejercerá el papel de querellante y promoverá demandas por crímenes de lesa humanidad cometidos en la dictadura militar.
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Carlotto aseguró que el Estado bonaerense promoverá acciones para detectar otros espacios que hayan funcionado como centros de detención clandestina entre 1976 y 1983.
También dijo que se avanzará en la identificación de los responsables de los centros de detención ilegal.
En septiembre último, la SDH denunció la existencia de centros de tormentos en las ciudades de Azul, Las Flores, Olavarría y Tandil, en el centro de la provincia.
“También tenemos acciones iniciadas en Morón, para que se investigue si en el cementerio de Merlo no fueron sepultados como NN, personas desaparecidas durante la dictadura y sobre la existencia de un lugar de detención ilegal que habría funcionado en la ruta 3 kilómetro 29 y medio donde aparecieron restos óseos”, informó Carlotto.
Alberto Marciano, ex prisionero de la dictadura y colaborador en la búsqueda de centros de detención, dijo que “esta reconstrucción de la memoria no hay que pararla”.
