Desarticulan red de usura que explotaba a beneficiarios de planes sociales en La Matanza
Una organización criminal liderada por “Carolo” otorgaba préstamos abusivos y retenía tarjetas de débito de personas vulnerables. La policía detuvo a 25 individuos y recuperó miles de plásticos.
En un golpe significativo contra la explotación financiera, las autoridades han desmantelado una sofisticada red criminal que operaba en La Matanza, provincia de Buenos Aires. Esta organización, encabezada por un individuo conocido como “Carolo”, se dedicaba a ofrecer préstamos con intereses exorbitantes a personas de escasos recursos, apoderándose de sus tarjetas de débito vinculadas a planes sociales, jubilaciones y pensiones.
La Policía Federal Argentina (PFA) llevó a cabo una serie de operativos que resultaron en la detención de 25 personas, incluyendo al presunto líder, José María “Carolo” Aruchuan. Las fuerzas de seguridad incautaron un impresionante botín que incluye cientos de tarjetas de débito, más de ocho millones de pesos, cerca de 40 mil dólares, 17 vehículos y documentación de propiedades.
Según las estimaciones oficiales, la banda llegó a acumular entre 5.000 y 10.000 tarjetas pertenecientes a sus víctimas. Estas tarjetas estaban asociadas a diversos programas de asistencia social, cooperativas, jubilaciones y pensiones, evidenciando el alcance de la operación fraudulenta.
La investigación, que se inició a partir del testimonio de un informante anónimo en abril, reveló el modus operandi de la organización. Para garantizar el cobro de las cuotas usurarias, los delincuentes retenían las tarjetas de débito de sus deudores y les obligaban a firmar pagarés en blanco, ejerciendo una presión constante sobre las personas más vulnerables de la sociedad.
Los agentes de la PFA descubrieron que la banda había invertido sus ganancias ilícitas en el sector inmobiliario, adquiriendo propiedades en Cañuelas y el Partido de la Costa. Tanto “Carolo” como su hermana experimentaron un notable incremento en sus posiciones fiscales y actividades económicas, lo que ha llevado a los investigadores a sospechar la posible implicación de personal de alguna agencia de recaudación gubernamental.
Las tareas de inteligencia, que incluyeron vigilancia y el uso de cámaras ocultas, pusieron al descubierto una red de cómplices encargados de recaudar dinero en efectivo mediante extracciones en cajeros automáticos. Estos grupos, compuestos por entre diez y quince individuos, se movilizaban en varios vehículos para realizar sus operaciones ilícitas.
Los operativos policiales se extendieron por diversas localidades del conurbano bonaerense, incluyendo San Justo, González Catán, Nueva Atlantis y Mar de Ajó. En cada intervención, se capturó a los sospechosos en flagrancia, decomisando grandes sumas de dinero, vehículos, dispositivos electrónicos y documentación relacionada con la actividad delictiva.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, elogió la labor de la PFA, calificando la operación como un “excelente trabajo” que ha puesto a estos “sinvergüenzas” a disposición de la justicia para responder por sus actos.
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Este caso pone de manifiesto la vulnerabilidad de los sectores más desfavorecidos de la sociedad ante prácticas financieras predatorias. La desarticulación de esta red criminal representa un paso importante en la protección de los beneficiarios de programas sociales y pensiones, quienes a menudo se convierten en blanco fácil para este tipo de esquemas de explotación económica.
