Denuncian al intendente de Morón por seguir cobrando una tasa por el COVID-19

La polémica en Morón se desató tras la denuncia pública de Martín Yeza, quien señaló que el municipio continúa cobrando una “Tasa Municipal por COVID-19”, a pesar de que la pandemia quedó atrás hace varios meses. Según el exintendente de Pinamar, esta medida es injustificada y afecta a los contribuyentes, dado que la emergencia sanitaria ya no está vigente.

La acusación contra el intendente Lucas Ghi se suma a otros cuestionamientos recientes sobre el uso de fondos municipales. En octubre de 2024, una investigación reveló que el municipio había destinado más de 63 millones de pesos para cáterings y viandas en eventos oficiales. Entre las compras figuran 1,4 millones de pesos en alfajores, casi un millón en milanesas y 300 mil pesos en chupetines. Además, el 83% de estas adquisiciones fueron otorgadas a un solo proveedor, lo que generó sospechas sobre la transparencia en el manejo de las contrataciones.

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El caso de Morón no es el único. Durante la pandemia, varios municipios del conurbano bonaerense implementaron tasas especiales para financiar la compra de insumos médicos, testeos y otros gastos vinculados a la emergencia sanitaria. Entre ellos, el municipio de Pilar aplicó una “Tasa COVID-19” como parte de la boleta de servicios generales, con el objetivo de cubrir los costos extraordinarios que demandaba la situación.

Lo llamativo, en el caso de Morón, es la permanencia de esta tasa a pesar de que la pandemia quedó oficialmente atrás. La denuncia de Yeza reavivó el debate sobre la legitimidad de seguir aplicando estos cargos, que en su origen tenían un propósito específico y transitorio. Ahora, las críticas apuntan a que esta medida, lejos de cumplir esa función, se convirtió en una fuente de ingresos adicional para el municipio sin una justificación clara.

Lucas Ghi no ha emitido declaraciones públicas sobre el tema hasta el momento, mientras la controversia continúa creciendo entre los vecinos de Morón y otros sectores políticos que exigen explicaciones sobre el destino de los recursos recaudados bajo este concepto.