Cuando gestionar se confunde con influencias: el trasfondo del cruce por los pasos ferroviarios

La discusión abierta por la seguridad en los cruces ferroviarios sumó un nuevo capítulo a partir de las declaraciones del concejal Santiago Altube, quien cuestionó el proyecto presentado por Mauricio Pollacchi y le sugirió que, en lugar de impulsar iniciativas que considera inconsistentes, aproveche su cercanía con el Gobierno nacional para conseguir recursos e impulsar obras pendientes. La frase no es menor. No sólo marca una diferencia de criterio sobre competencias, sino que deja al descubierto una concepción de la gestión pública que merece ser analizada.

Altube sostiene que el municipio ya hizo todo lo que está legalmente habilitado a hacer y que la seguridad ferroviaria es materia exclusiva de la Nación. Para reforzar su postura cita doctrina de la Corte Suprema y advierte sobre los riesgos de que cada distrito intervenga por su cuenta en servicios públicos nacionales. Desde ese encuadre, su argumento es jurídicamente ordenado. Pero su planteo político abre otra pregunta: ¿por qué le pide a un concejal opositor que gestione recursos ante Nación por su supuesta proximidad política, cuando esa es, en términos institucionales, una función primaria del intendente y del Departamento Ejecutivo?

No se trata sólo de una chicana. Es probable que Altube considere natural ese mecanismo. Después de más de una década de un estilo de gobierno local apoyado muchas veces en vínculos directos, gestiones informales y atajos operativos, la intermediación personal aparece como una vía habitual para destrabar asuntos. La lógica del “contacto” por sobre el canal institucional no surge de la nada: es hija de una cultura política que priorizó la relación y la afinidad por encima del procedimiento.

Las respuestas de Pollacchi y de Silvia Di Leo fueron duras y, por momentos, excesivas en el tono, pero apuntan a un eje reconocible: cuestionan que el oficialismo local invoque límites legales estrictos para no actuar y, al mismo tiempo, sugiera gestiones por cercanía política como camino alternativo. Allí aparece la contradicción. Si la competencia es nacional, la interlocución formal corresponde al Ejecutivo municipal. Delegarla en un concejal por afinidad partidaria no es un mecanismo republicano estándar: es una señal de cómo se entiende el poder y la gestión.

El antecedente de la municipalidad paralela desde 2011 marcó un modo de construcción política basado en estructuras informales de resolución, redes de favores y canales no siempre alineados con los carriles administrativos clásicos. Ese formato permitió velocidad y control político, pero también consolidó una práctica donde lo excepcional se volvió costumbre. Cuando eso ocurre, los mecanismos institucionales plenos pasan a verse como lentos, incómodos o prescindibles.

El debate por los cruces ferroviarios, entonces, supera el tema puntual de barreras, agentes y jurisdicción. Pone en discusión cómo se concibe la acción pública: si debe descansar en responsabilidades formales claras o en la capacidad de cada dirigente de activar contactos propios. Pedirle a un concejal que gestione fondos nacionales por cercanía política puede sonar práctico. Pero también revela hasta qué punto se desdibujaron, con los años, los roles y los canales que ordenan la relación entre municipios, provincias y Nación.

La política local enfrenta un desafío más exigente que ganar una discusión discursiva. Debe demostrar que puede gestionar dentro de los marcos institucionales, coordinar sin atajos y reclamar sin delegar funciones propias. Cuando eso no ocurre, la frontera entre gestión y favor se vuelve demasiado fina. Y ahí es donde empiezan los problemas de fondo.