Cinco detenidos por la Ruta del dinero K y un sexto internado: la Justicia avanza tras el fallo de la Corte

La investigación por lavado de dinero que tuvo como epicentro al empresario Lázaro Báez y que se conoció como “la Ruta del dinero K” entró en una nueva etapa judicial: los condenados que hasta ahora habían evitado la prisión comenzaron a ser detenidos. Este lunes por la mañana, cinco de los seis acusados que aún estaban en libertad se presentaron ante el Tribunal Oral Federal N°4 para quedar a disposición de la Justicia. El sexto, Julio Mendoza, permanece internado por un cuadro de salud que será evaluado.

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El primero en llegar a Comodoro Py fue Fabián Rossi, exapoderado de la financiera SGI y figura mediática durante el proceso judicial por su vínculo con la actriz Iliana Calabró. Rossi, condenado a cuatro años y medio de prisión, se presentó incluso antes del horario previsto por el tribunal. Fue trasladado luego a la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina, donde aguardará hasta que se resuelva su situación penitenciaria.

Junto a Rossi también se presentaron otros condenados: el empresario Carlos Molinari, el exbanquero Juan Alberto De Rasis, el exempleado de SGI César Fernández y Eduardo Castro. Todos quedaron alojados en la dependencia de la Policía Federal, a la espera de que el tribunal resuelva los pedidos de arresto domiciliario que presentaron sus defensas, argumentando problemas de salud o edad avanzada. El trámite podría demorar entre una y dos semanas.

Uno de los imputados, César Fernández, fue trasladado al Cuerpo Médico Forense debido a que evidenció un estado de salud delicado al momento de su presentación. Allí se le realizarán estudios para determinar si está en condiciones de permanecer detenido en un centro penitenciario.

Distinta es la situación de Julio Mendoza, expresidente de Austral Construcciones, quien no se presentó ante el tribunal porque, según su defensa, permanece internado desde el viernes pasado, día en que se ordenó su arresto. La documentación médica fue entregada a la Justicia, que deberá evaluar si la internación fue justificada y cómo proceder con su detención.

Las detenciones fueron ordenadas el último viernes por el juez Néstor Costabel, luego de que el fiscal federal Abel Córdoba solicitara el cumplimiento efectivo de las penas. Se trata de condenas ya firmes que fueron ratificadas recientemente por la Corte Suprema, luego de años de recorrido judicial.

Mientras tanto, la Justicia debe analizar también la situación de otros condenados en la causa, como Lázaro Báez, quien cumple una pena de diez años. Báez ya estuvo preso entre 2016 y 2019 en el penal de Ezeiza, y desde entonces cumple arresto domiciliario por otra causa, relacionada con la compra del campo “El Entrevero” en Uruguay. Esa segunda condena aún no está firme.

Los abogados del empresario sostienen que la condena principal ya se habría cumplido si se suman los años en prisión con los pasados en detención domiciliaria. Sin embargo, fallos anteriores de la Cámara Federal indican que solo corresponde computar el tiempo efectivamente pasado en una unidad penitenciaria, lo que abriría un nuevo frente de debate legal.

Casos similares se dan con Martín Báez, hijo del empresario, quien estuvo privado de la libertad durante cuatro años y medio, y con otros dos imputados, Jorge Chueco y Daniel Pérez Gadín, que alternaron la prisión con detenciones domiciliarias vinculadas a la causa de El Entrevero. El tribunal deberá definir, en cada uno de estos casos, si el tiempo transcurrido alcanza para considerar cumplidas las penas impuestas o si deben volver a prisión.

La causa de la “Ruta del dinero K” investigó el lavado de al menos 55 millones de dólares mediante maniobras financieras que incluyeron sociedades ficticias y transferencias a bancos en el exterior. Su desenlace judicial comenzó a definirse con las últimas resoluciones de la Corte, pero el proceso aún tiene capítulos abiertos. Mientras tanto, la imagen de los condenados entregándose en los tribunales marca un nuevo punto de inflexión en una trama que comenzó hace más de una década y que sigue resonando en el sistema judicial argentino.