Se cumplen hoy cinco años del anuncio que cambió radicalmente la vida de los argentinos. Aquel 20 de marzo de 2020, el entonces presidente Alberto Fernández decretaba el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), dando inicio a una de las cuarentenas más extensas y restrictivas del mundo. Lo que comenzó como una medida de emergencia por dos semanas se extendió durante más de 200 días en su fase más estricta, y sus efectos se prolongaron durante casi dos años.

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El contexto global de incertidumbre frente a un virus desconocido generó un clima propicio para que el miedo se convirtiera en la principal herramienta de gestión política. Con imágenes de hospitales colapsados en Europa y Asia, la población aceptó inicialmente las medidas con un sorprendente nivel de acatamiento. Sin embargo, lo que comenzó como un consenso social pronto reveló su lado más problemático: la suspensión de derechos constitucionales fundamentales.

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La libertad de circulación, el derecho al trabajo, la educación presencial y hasta la posibilidad de despedir a los seres queridos fallecidos fueron cercenados bajo el paraguas de la emergencia sanitaria. El Decreto de Necesidad y Urgencia 297/2020 inauguró una sucesión de normativas que, amparadas en la protección de la salud pública, restringieron libertades básicas sin el debido control parlamentario que exige la Constitución Nacional.

Paradójicamente, mientras se prohibía a ciudadanos visitar a familiares enfermos o asistir a funerales, se producían episodios como el “Olivosgate”, donde las mismas autoridades que imponían restricciones las violaban en reuniones sociales. Esta doble vara evidenció que el miedo se había convertido en un instrumento de control social más que en una genuina preocupación sanitaria por parte de algunos sectores del poder.

Particularmente crítico fue el caso de la provincia de Formosa, donde ciudadanos quedaron varados en las fronteras provinciales durante meses, o fueron confinados en centros de aislamiento en condiciones cuestionables. El caso de Mauro Ledesma, quien murió intentando cruzar a nado para ver a su hija recién nacida, simbolizó trágicamente los excesos de un federalismo que fragmentó al país en jurisdicciones prácticamente autónomas.

En el ámbito económico, la extensa cuarentena provocó el cierre de más de 40.000 PyMEs y disparó los índices de pobreza hasta niveles que aún hoy no se han podido revertir. Los trabajadores informales, que representan cerca del 40% de la población activa, fueron los más golpeados por unas restricciones que no contemplaron adecuadamente la realidad socioeconómica argentina.

La educación sufrió un impacto devastador con más de 500 días de escuelas cerradas, generando una brecha educativa que los especialistas estiman tardará una década en recuperarse. Los niños y adolescentes de sectores vulnerables, sin acceso a dispositivos electrónicos o internet, quedaron prácticamente excluidos del sistema educativo durante este período.

A cinco años de aquella decisión, cabe preguntarse si existían alternativas menos lesivas para los derechos constitucionales. Países como Uruguay, Suecia o Corea del Sur implementaron estrategias diferentes, con restricciones focalizadas y temporales que lograron equilibrar mejor la protección sanitaria con el respeto a las libertades individuales.

La lección más importante de este aniversario quizás sea reconocer que, incluso en las emergencias más graves, los pilares democráticos y constitucionales no deben ser sacrificados en el altar del miedo. La deliberación parlamentaria, el control judicial de las medidas de emergencia y la transparencia informativa son salvaguardas esenciales que, lejos de entorpecer la gestión de crisis, la legitiman y fortalecen.

Mientras Argentina aún procesa las consecuencias de aquellas decisiones, la historia evaluará si el remedio impuesto no resultó más costoso que la enfermedad que pretendía combatir.