Un caso que sacudió a Aerolíneas Argentinas en 2019 vuelve a cobrar relevancia, poniendo en tela de juicio la integridad de los sistemas de control laboral y la eficacia de las investigaciones judiciales. La denominada trama de los “dedos de goma” no solo expone un ingenioso método de fraude, sino que también sugiere una red de complicidades que podría extenderse más allá de los seis empleados inicialmente implicados.

El escándalo, que involucra a trabajadores del área de mantenimiento de Austral, consistía en la utilización de prótesis de silicona con huellas dactilares para simular la presencia laboral. Este ardid permitía que solo uno de los implicados asistiera al trabajo, mientras los demás gozaban de ausencias no autorizadas, cobrando salarios completos sin cumplir con sus obligaciones.

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La investigación, iniciada por la Policía Aeronáutica y posteriormente asumida por el juez federal Julián Ercolini, llevó al despido de seis empleados. Sin embargo, fuentes cercanas al caso sugieren que el alcance del fraude podría ser mucho mayor. Un testigo de identidad reservada, cuyo traslado a una estación aeroportuaria del interior del país fue necesario, aportó información crucial que apunta a una red más extensa de implicados.

Declaraciones obtenidas por iProfesional indican que la investigación pudo haber sido más exhaustiva. Se señala que el juez Ercolini no autorizó el registro de los casilleros de los empleados en el Aeroparque Jorge Newbery, una medida propuesta por el subinspector Mariano Stábile de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Esta decisión habría impedido el decomiso de evidencia clave, como los moldes de silicona utilizados en el fraude.

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El caso salpica también a altos cargos de la empresa. Héctor Binda, subgerente de mantenimiento, y Pascual Federico Loffa, del sector de mantenimiento, han sido mencionados en la causa por presuntamente no haber evitado la situación fraudulenta. La implicación de Loffa, quien habría ocupado un cargo en el sindicato UPSA en 2014, ha llevado a la organización gremial a desmarcarse públicamente de su actuación.

La reapertura del debate sobre este caso plantea interrogantes sobre la efectividad de los sistemas de control en empresas estatales y la capacidad del sistema judicial para investigar y sancionar este tipo de fraudes. Además, surge la pregunta sobre si prácticas similares podrían estar ocurriendo en otras áreas de la administración pública.

Mientras el caso continúa sin una resolución definitiva, queda en el aire la posibilidad de que la trama de los “dedos de goma” sea solo la punta del iceberg de un problema más profundo de corrupción y falta de supervisión en sectores críticos de la infraestructura nacional.