¿Qué es la Ley Micaela y por qué es importante su cumplimiento?
Micaela García tenía 21 años cuando Sebastián Wagner la violó y la asesinó a la salida de una discoteca en Gualeguay en 2017 en la provincia de Entre Ríos. Militante del Movimiento Evita, la joven participaba activamente del movimiento Ni Una Menos y su femicidio conmovió al país entero.
Durante su presidencia Mauricio Macri incluyó en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso del año 2018 un proyecto de ley de Capacitación Obligatoria en Género para todas las Personas que Integran los Tres Poderes del Estado.
El 18 de diciembre del 2018, con 171 votos a favor y uno en contra (el Diputado Alfredo Olmedo) en Diputados y sancionada por el Senado por unanimidad, se creó la normativa que estipula la formación del Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres con el objetivo de “capacitar y sensibilizar” a todos los funcionarios públicos, que integran los diferentes niveles del Estado.
La ley Micaela es una norma que establece la sensibilización y capacitación de las personas que hacen parte del Estado en temas de género y violencia contra las mujeres. Es un mandato constitucional. Argentina firmó tratados de derechos humanos (la CEDAW y Belem do para) que generan la obligación de terminar con los estereotipos de género.
Si bien la violencia de género no se frena sólo con capacitaciones estatales, estas son fundamentales a la hora de avanzar hacia un Estado presente. En nuestro país muere una mujer cada 27 horas, la línea 144 está colapsada y tercerizada, las fuerzas de seguridad continúan perpetuando condenas y actitudes sexistas y según la Encuesta Nacional de Victimización sólo el 1% de los abusos sexuales son denunciados.
La Ley Micaela implica la formación y capacitación en perspectiva de género para todos los funcionarios de la gestión pública, sin importar jerarquía ni forma de contratación ni el ámbito en el que desempeñe sus funciones. La capacitación obligatoria abarca los tres poderes del Estado –Ejecutivo, Legislativo y Judicial- y organismos descentralizados.
