¿Intendente o militante? Ustarroz, la justicia y una defensa sin reservas
En las últimas horas, el intendente de Mercedes, Juan Ignacio Ustarroz, publicó en sus redes un mensaje que desnuda mucho más que su respaldo a Cristina Fernández de Kirchner: expone una manera de ejercer el poder. “Decimos no a la proscripción y al cepo electoral”, escribió en referencia a la condena firme por corrupción dictada contra la ex presidenta por la Corte Suprema de Justicia.
El mensaje puede parecer uno más en la cadena de respaldos que genera el kirchnerismo cada vez que un fallo judicial incomoda. Pero en este caso hay un matiz esencial: Ustarroz es abogado. Conoce el derecho. Y no puede ignorar que la condena que recayó sobre Cristina Fernández de Kirchner fue el resultado de un proceso penal que duró años, con múltiples instancias y garantías. En diciembre de 2022 fue condenada por el delito de administración fraudulenta, en noviembre de 2024 la Cámara de Casación ratificó la pena, y el 10 de junio de 2025 la Corte Suprema confirmó la condena: seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

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En ese contexto, hablar de “proscripción” no es una opinión jurídica: es una consigna política. No existe ninguna norma que impida arbitrariamente a alguien presentarse a elecciones. Lo que hay es una sentencia firme, emitida por el máximo tribunal del país, en cumplimiento del Código Penal. Cristina Kirchner fue condenada por corrupción y la sanción incluye no poder ser candidata. Lo que Ustarroz llama “cepo” es, simplemente, la ley.
Pero lo más grave no es su adhesión partidaria, que tiene derecho a tener. Lo alarmante es que, siendo intendente de todos los vecinos de Mercedes, actúe como si su única responsabilidad fuera defender a su espacio político. ¿Qué mensaje le da a los ciudadanos que creen en la justicia? ¿Qué valor tiene que un jefe comunal cuestione públicamente un fallo de la Corte? ¿Con qué imparcialidad puede gobernar quien reduce todo a un “ellos contra nosotros”?
Como abogado, Ustarroz debería ser el primero en respetar la división de poderes. Como intendente, el primero en moderar su discurso para representar a toda la ciudad, no solo a los fieles del Instituto Patria. Pero eligió lo contrario: ubicarse del lado de quienes dicen que la justicia no vale si afecta a los suyos.
Si así actúa frente a un fallo judicial, cabe preguntarse cómo gestiona el municipio. ¿Gobierna con la ley en la mano o según la bandera partidaria? ¿Los derechos y los recursos se distribuyen con criterio institucional o con lealtad política?

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No se trata de Cristina. Se trata del valor de las instituciones. Y del riesgo que implica tener funcionarios que sólo respetan las reglas cuando les convienen. Mercedes no necesita militantes en el poder: necesita gobernantes que honren su juramento de respetar la Constitución, incluso cuando no les guste lo que dice.



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