Ustarroz abre la puerta al capital privado: el fideicomiso que marca una nueva orientación

El gobierno de Juan Ignacio Ustarroz impulsa la creación de un fideicomiso para financiar el desarrollo urbano de Mercedes mediante recursos públicos y aportes privados. La propuesta llega después de la aprobación de un régimen de promoción de inversiones y permite advertir una orientación: el municipio busca dar mayor participación al capital privado en la concreción de sus objetivos económicos y territoriales.

El proyecto se denomina “Programa Fideicomiso Desarrollo Urbano Sostenible”, identificado como FIDUS Mercedes. Fue elevado al Concejo Deliberante y propone autorizar al Ejecutivo a suscribir uno o varios contratos de fideicomiso destinados a financiar infraestructura, viviendas, nuevos loteos con servicios, espacios públicos y adquisición de inmuebles para el Banco de Tierras Municipal. En el expediente consultado no consta su aprobación.

La iniciativa plantea conformar un patrimonio separado, con recursos afectados específicamente a esos fines. Su administración quedaría a cargo de una entidad financiera o un fiduciario registrado ante la Comisión Nacional de Valores, que actuaría conforme a los contratos y las instrucciones de una unidad municipal. Los fondos no podrían utilizarse para gastos corrientes, de operación y mantenimiento.

Entre las fuentes de financiamiento previstas aparecen las cuotas que abonan los adjudicatarios de terrenos y viviendas municipales, partidas presupuestarias, créditos, subsidios y aportes derivados de convenios urbanísticos. También se incluyen recursos provenientes de la valorización del suelo generada por intervenciones estatales y, de manera expresa, capitales de inversores privados y empresas.

Esa participación empresarial constituye uno de los aspectos políticos centrales del proyecto. El Ejecutivo propone promover acuerdos que permitan incorporar inversiones y contempla ofrecer a los desarrolladores acceso a financiamiento, mejoras del entorno urbano y simplificación de trámites. Las condiciones específicas de esos intercambios quedarían establecidas en los convenios y contratos posteriores.

El fideicomiso se inscribe en una secuencia que comenzó a tomar forma con Impulsa Mercedes, el régimen de promoción productiva aprobado recientemente por unanimidad en el Concejo Deliberante. Según la información difundida tras su tratamiento, ese programa permite otorgar exenciones de tributos municipales de hasta el 100%, con un plazo máximo de doce años y una condición vinculada con la generación de empleo local. El alcance de los beneficios dependerá de cada proyecto.

Ambas herramientas tienen diferencias, pero comparten una premisa: mejorar las condiciones para que los privados decidan invertir. En un caso, mediante alivio tributario y facilidades administrativas para empresas; en el otro, a través de una estructura que permita asociar aportes privados con recursos municipales para desarrollar suelo, viviendas e infraestructura.

La combinación permite leer una mirada menos estatista en la estrategia de Ustarroz. El Estado conserva la conducción y la capacidad de definir prioridades, pero busca que una mayor parte del impulso económico provenga de inversores y empresas. La gestión incorpora así instrumentos que otorgan al capital privado un lugar más relevante en la ejecución de políticas locales.

El movimiento encuentra correspondencia con un clima nacional en el que la atracción de inversiones, la reducción de cargas y la facilitación de proyectos empresariales ocupan un lugar central en el debate económico. En Mercedes, esa orientación adquiere características propias: continúa la planificación municipal y se mantienen objetivos habitacionales y sociales, mientras se amplían los mecanismos para incorporar financiamiento privado.

Sería excesivo deducir de estas iniciativas una transformación completa de la identidad política del oficialismo. Los incentivos fiscales y los fideicomisos también forman parte de experiencias desarrollistas. Sin embargo, las decisiones concretas muestran que el gobierno local reconoce la necesidad de ofrecer condiciones atractivas al inversor y compartir con actores privados la puesta en marcha de proyectos de interés público.

El diseño del FIDUS también concentra responsabilidades en el Ejecutivo. Una Unidad Ejecutora integrada por funcionarios de Economía, Gobierno, Obras y Servicios Públicos, Planeamiento y Tierras establecería las políticas de inversión, aprobaría los proyectos y supervisaría al administrador. El intendente tendría la facultad de modificar su integración mediante decreto.

En cuanto al fiduciario, Contaduría Municipal recomendó que la designación recayera en el Banco de la Provincia de Buenos Aires. No obstante, el articulado elevado mantiene una autorización más amplia para seleccionar una entidad financiera o un fiduciario registrado, sin convertir aquella sugerencia en una obligación.

El proyecto exige publicar informes al menos trimestrales con los ingresos y las inversiones, detallados por barrio y tipo de obra. También contempla la posibilidad de crear un comité de asesoramiento con representantes municipales, privados y organizaciones civiles, aunque su constitución no sería obligatoria.

Persisten definiciones económicas importantes. El texto no establece un capital inicial, una nómina de inversores, un número de viviendas ni un primer conjunto de obras. Tampoco fija porcentajes generales de participación privada o condiciones concretas de recuperación de los aportes. Esos aspectos dependerán de la reglamentación y de los contratos que se celebren.

Por eso, la discusión legislativa tendrá que abordar tanto los objetivos del programa como el alcance de las facultades concedidas, los compromisos asumidos con los inversores y los mecanismos para verificar los resultados. El articulado no exige expresamente que cada contrato de fideicomiso vuelva al Concejo para su aprobación.

Impulsa Mercedes ya cuenta con respaldo legislativo y el fideicomiso busca abrir una nueva vía de financiamiento. La secuencia muestra a Ustarroz dispuesto a ampliar el protagonismo privado en el desarrollo local. La evaluación de ese rumbo dependerá de las inversiones que efectivamente lleguen, los beneficios que reciba la comunidad y las condiciones bajo las cuales se comprometan sus recursos.