Peaje de Olivera: la CGT advierte sobre el costo de ir a trabajar y llama a movilizarse

El costo de atravesar el peaje de Olivera volvió a generar un reclamo sindical con impacto directo en Mercedes. La CGT Regional Mercedes, Navarro y San Andrés de Giles cuestionó el incremento de las tarifas y el cobro a las motocicletas, reclamó que el Gobierno nacional deje sin efecto ambas medidas y convocó a los sectores afectados a expresar su rechazo y movilizarse.

La central puso el foco en quienes utilizan el corredor de manera cotidiana para llegar a sus empleos, cursar estudios o recibir atención médica. Para esos usuarios, sostuvo, el peaje representa un gasto difícil de evitar que se suma a los problemas que ya enfrentan los presupuestos familiares.

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Según los cálculos planteados en el comunicado, una persona que atraviesa diariamente la cabina puede destinar entre el 10 y el 15 % de su sueldo al pago del peaje, e incluso una proporción mayor. La organización aclaró que esa incidencia varía de acuerdo con los ingresos, el vehículo y la modalidad de pago.

“Es inadmisible tener que destinar jornadas enteras de trabajo solamente a costear el traslado”, manifestó la regional. El cuestionamiento incluye expresamente a los motociclistas, para quienes exigió que se revierta el cobro.

La CGT también planteó que las consecuencias económicas exceden a quienes pasan por la estación. Desde su perspectiva, el dinero que las familias deben reservar para trasladarse reduce los recursos disponibles para comprar en Mercedes. A ese efecto sobre el consumo local sumó el encarecimiento del transporte y su posible traslado a los costos de producción y a los precios.

En ese marco, la central atribuyó responsabilidad política al Gobierno nacional por el control de la concesión. Lo acusó de permitir que avance el negocio privado sin establecer límites suficientes y reclamó una intervención que proteja a los usuarios, en un escenario que describió como marcado por salarios deteriorados, despidos y cierres de empresas y comercios.

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El comunicado incorporó, además, la situación de los trabajadores del peaje. La organización cuestionó las desvinculaciones que señaló durante el cambio de concesión y expresó preocupación por la incertidumbre laboral asociada a la automatización del cobro.

Frente a la incorporación de tecnología, reclamó capacitación, continuidad laboral y respeto por los derechos adquiridos. Su posición es que la modernización del sistema debe contemplar a los trabajadores y evitar la eliminación de puestos de trabajo.

Otro eje del pronunciamiento fue el estado del corredor. La regional reiteró sus cuestionamientos por el deterioro de la ruta, las condiciones de seguridad vial y las obras pendientes. Vinculó esas demandas con las obligaciones que asumen tanto la empresa concesionaria como las autoridades encargadas de supervisarla.

“Los usuarios cumplimos con el pago; la concesionaria debe cumplir con sus obligaciones y el Estado nacional debe hacerlas cumplir”, sostuvo la central.