Kicillof apeló el freno judicial y consiguió que vuelvan los aumentos de luz

El gobierno de Axel Kicillof consiguió que vuelvan a quedar habilitados los aumentos eléctricos que la Justicia había frenado a pedido de la Defensoría del Pueblo bonaerense. La intervención de la Fiscalía de Estado permitió suspender la cautelar que obligaba a restablecer los valores anteriores en los componentes provinciales de las tarifas. La decisión alcanza a EDEN, EDEA, EDES y EDELAP.

El expediente coloca al Ejecutivo provincial en una posición concreta: defendió judicialmente los incrementos aprobados por su administración frente al organismo que había reclamado proteger a los usuarios. En esta controversia se discuten componentes tarifarios cuya determinación depende de la Provincia, según aclaró la propia Defensoría. Los conceptos de origen nacional habían quedado fuera del alcance de la cautelar.

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La disputa comenzó con una presentación del defensor del Pueblo, Guido Lorenzino. El 18 de septiembre, el Juzgado Contencioso Administrativo N° 1 de Bahía Blanca ordenó suspender los aumentos y retrotraer las tarifas al esquema anterior. También dispuso que los importes ya cobrados por los conceptos cuestionados fueran reconocidos como saldo a favor en las siguientes facturas.

El cuestionamiento apuntó a la falta de una audiencia pública previa o de otro mecanismo que permitiera a los usuarios conocer y discutir las modificaciones antes de pagarlas. Para la Defensoría, la participación ciudadana constituye una condición que debe cumplirse al definir las tarifas.

Frente a esa resolución, la administración de Kicillof apeló y pidió que la presentación suspendiera inmediatamente sus efectos. El juzgado habilitó la revisión, pero rechazó inicialmente ese pedido. La Fiscalía llevó entonces el planteo ante la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata.

Para recuperar la aplicación de las subas, la Provincia argumentó que los valores anteriores podían comprometer la continuidad y la sustentabilidad económica de la distribución. También invocó dificultades técnicas para facturar y controlar un esquema que mantuviera ciertos componentes actualizados y retrotrajera otros.

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La Cámara consideró que la documentación presentada justificaba, en esa instancia preliminar, la posibilidad de un perjuicio al interés público. Por ese motivo concedió efecto suspensivo a la apelación. El resultado práctico fue que los incrementos volvieron a quedar habilitados mientras continúa el expediente.

Sin embargo, esa decisión no equivale a una sentencia que declare legales los aumentos. El tribunal todavía debe examinar la controversia sobre la cautelar y el reclamo de fondo. La Provincia obtuvo una resolución favorable para sostener el cobro durante el proceso, pero sigue pendiente la discusión sobre las condiciones en que aprobó las modificaciones tarifarias.

Antes de este pronunciamiento, Lorenzino había cuestionado públicamente los argumentos utilizados por el Ejecutivo y las empresas. Señaló que los usuarios tienen derecho a conocer la composición de los aumentos y a participar antes de que lleguen a sus facturas. Además, objetó que una etapa presentada como transitoria se prolongara durante años sin una instancia efectiva de consulta.

Las crónicas del caso ubican el ajuste originalmente impugnado entre el 1,5 % y el 3,5 %. Ese rango corresponde a los incrementos discutidos y no permite atribuir una variación idéntica a todas las boletas. Entre las empresas involucradas está EDEN, por lo que el conflicto también resulta relevante para sus usuarios de Mercedes.

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La responsabilidad del gobierno bonaerense queda así expuesta en sus propias actuaciones: aprobó el esquema cuestionado y recurrió a la Justicia para mantener su aplicación. Mientras se resuelve si se respetaron los derechos de participación de los usuarios, la gestión de Kicillof consiguió que el freno al cobro dejara de operar.