Tiembla Telefónica tiembla

. No hay duda de que tiene un costo garantizar el arribo del teléfono de lugares lejanos, despoblados, remotos, sin interés comercial, por ejemplo; y a personas que no pueden pagar pero necesitan alguna forma de comunicación telefónica. Pero, ¿cuánto vale eso? En España hay un escandalete porque la autoridad reguladora descubrió que el servicio “universal” cuesta exactamente la mitad de lo que decía Telefónica, o sea que la gente de César Alierta multiplicó por 2 su costo y se lo pasó a los contribuyentes españoles. Entonces, dijo la autoridad reguladora, no pagará el servicio “universal” del ejercicio 2000, que es el que está en discursión. El diario Cinco Días cubre, por 2do. día consecutivo, este duro revés para la compañía! que, sin embargo, en la jornada de hoy anda muy bien en la Bolsa de Madrid ya que, al fin de cuentas, es más ganancia, como sea. Aquí la nota:

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El contencioso que enfrenta a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y Telefónica sobre la cuantía y la financiación del servicio universal ha sido uno de los más largos del sector y ayer vivió un episodio que está llamado a caldear aún más los ánimos.

El consejo del organismo regulador ha rechazado en bloque no sólo las reclamaciones del ex monopolio, sino que, en contra de lo previsto en la legislación, también se ha negado a constituir el fondo previsto para financiar el coste en el que incurre Telefónica por dar telefonía fija a todos los usuarios a precios asequibles, independientemente de su localización geográfica y de la rentabilidad. Telefónica, como operador dominante, está obligada a dar este servicio, pero la ley prevé que sea compensada por ello.

La primera cuestión en litigio es, por tanto, la fijación del coste del servicio universal y el año que está en debate es, todavía, 2000. La compañía presidida por César Alierta remitió a la CMT tres estimaciones, en una horquilla que oscilaba entre 486 y 630 millones de euros (entre 80.864 y 104.823 millones de pesetas). El consejo del regulador decidió ayer que el coste era de 268 millones de euros (44.578 millones de pesetas), casi la mitad de la peor estimación de Telefónica.

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A pesar de la diferencia que hay entre una cifra y otra, la sorpresa ha saltado con la segunda decisión tomada ayer por la CMT. Aunque el reglamento del servicio universal, aprobado por real decreto en julio de 1998, establece que se constituirá un fondo para que todos los operadores sufraguen el servicio universal, el regulador anticipa que, al menos por lo que se refiere a 2000, no lo habrá.

La comisión basa su postura en los resultados que tuvo la competencia en telefonía fija durante ese año. Y ese ejercicio fue uno de los peores de la corta historia de la liberalización. Los nuevos operadores sólo consiguieron restarle a Telefónica 2,77 puntos de cuota del total de los ingresos, menos que en 1999 y casi lo mismo que en 1998. El ente regulador considera que este hecho se debe a las desventajas de todo tipo que sufrieron las nuevas telefónicas y cree que incluir la financiación del servicio universal entre ellas sería demasiado.

Según la legislación, todos los operadores, incluidos los fijos y los móviles, deberían contribuir a financiar el coste del servicio universal en proporción a su cuota de mercado sobre ingresos totales.

La reacción de Telefónica no se hizo esperar. La compañía recurrirá ante la CMT tanto la cuantía fijada como el concepto en el que se basa el regulador para no poner en marcha el fondo.

Pese a que la cantidad decidida por el regulador es inferior a sus pretensiones, el ex monopolio considera que es lo suficientemente abultada como para tener que asumirla en solitario. Y advierte que será peor cuando Internet se incluya como servicio universal. Las inversiones que esto requerirá pueden ponerse en riesgo por la decisión.

La CMT también dictaminó ayer que la fusión entre los operadores de telefonía local por radio Neo y Sky Point no plantea problemas ni precisa autorización del regulador. Será el Gobierno el que tenga que decidir qué pasa con las concesiones de uso de espectro que tenían las empresas