Seis años después: la cuarentena que se vendió como cuidado y terminó en privilegios, abuso y desgaste social

El 20 de marzo de 2020 comenzó en la Argentina el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Decreto 297/2020. Lo que en aquellas primeras horas fue presentado como una medida excepcional frente a una amenaza desconocida terminó convirtiéndose en una experiencia larguísima, asfixiante y cada vez más atravesada por la lógica política del gobierno de Alberto Fernández. El ASPO nacional fue prorrogado sucesivamente y recién dio paso al DISPO a partir del 9 de noviembre de 2020, según el Decreto 875/2020. Para entonces, la excepcionalidad ya se había transformado en costumbre.

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Con el paso de los meses, la cuarentena dejó de ser solamente una respuesta sanitaria y pasó a funcionar como un dispositivo de control, relato y disciplinamiento. El oficialismo buscó convertir el encierro en una prueba moral: obedecer equivalía a ser solidario; cuestionar equivalía, casi, a ser irresponsable. En ese clima, el debate público se empobreció y cualquier crítica era leída como una amenaza a la salud colectiva. El problema fue que mientras se endurecía el discurso hacia la sociedad, empezaban a aparecer señales de una doble vara imposible de ocultar. Esa fractura política y ética terminaría minando la legitimidad de las restricciones.

La economía pagó una factura enorme. El PBI argentino cayó 9,9% en 2020, con desplomes fuertes en consumo, inversión y exportaciones. No fue solo consecuencia del virus: también pesó una estrategia de cierres prolongados que afectó empleo, actividad comercial y tejido productivo, sobre todo en pequeños negocios, cuentapropistas y sectores urbanos que no podían “teletrabajar” su supervivencia. A eso se sumó un deterioro social severo: la pobreza llegó al 42% en el segundo semestre de 2020 y la indigencia al 10,5%, según el INDEC.

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El daño educativo fue otro de los costos más profundos. Distintos relevamientos ubicaron a la Argentina entre los países que más tiempo mantuvieron cerradas o parcialmente cerradas sus escuelas. UNICEF recordó que el cierre nacional afectó a unos 10,5 millones de chicos y adolescentes, y en 2021 insistió en que las escuelas debían ser lo último en cerrar y lo primero en abrir. No fue lo que ocurrió. La política tardó demasiado en asumir que la presencialidad escolar no era un detalle, sino un derecho básico y una necesidad social.

La narrativa oficial empezó a derrumbarse cuando los privilegios quedaron expuestos. El cumpleaños de Fabiola Yáñez en Olivos, celebrado el 14 de julio de 2020 mientras regían restricciones que prohibían encuentros sociales, dejó en evidencia que las reglas no valían igual para todos. Meses después, el escándalo del vacunatorio VIP detonó otra crisis de credibilidad y provocó la salida de Ginés González García. Ahí se quebró algo más profundo que la imagen de un gobierno: se quebró la confianza de millones de personas que habían aceptado sacrificios, soledad, pérdidas económicas y restricciones severas bajo la promesa de que el esfuerzo era compartido.

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Seis años después, la discusión ya no pasa por negar la pandemia ni por desconocer que en marzo de 2020 el mundo entero actuaba con incertidumbre. La discusión de fondo es otra: cuánto de aquella cuarentena fue una necesidad real y cuánto terminó siendo una herramienta de acumulación política, sobreactuación moral y concentración de poder. El problema no fue solo el encierro. El problema fue haber convertido una emergencia en un discurso de superioridad, mientras adentro del propio poder se multiplicaban las excepciones.

Por eso, al revisar aquellos meses, la cuarentena no debería recordarse apenas como una medida sanitaria dura. Debería recordarse también como una advertencia. Cuando el miedo se vuelve argumento permanente, el poder encuentra terreno fértil para avanzar más de la cuenta. Y cuando quienes exigen obediencia no cumplen las mismas reglas que imponen, la autoridad deja de ser autoridad y pasa a ser privilegio.