Prohíben cortes de gas por no pagar tasas municipales en la factura

El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) profundizará la campaña gubernamental contra el cobro de tasas municipales y provinciales en las facturas de servicios públicos. Mediante una modificación reglamentaria, impedirá que las distribuidoras corten el suministro a usuarios que decidan no abonar conceptos ajenos al servicio de gas natural.

La medida se enmarca en una iniciativa más amplia impulsada por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien recientemente envió una nota a las 23 provincias instando a los gobernadores a eliminar esta práctica. El funcionario sostiene que estos cargos adicionales obstaculizan la reducción de la inflación y constituyen un ejercicio “ilegal y arbitrario” de la potestad tributaria municipal.

Puede Interesarte:

Zubeldía celebró el triunfo vecinal en la Trocha y apuntó contra la “política de escritorio”

En paralelo, el Enargas convocó a una audiencia pública para el 6 de febrero, donde se iniciará el proceso de Revisión Quinquenal de Tarifas. La reunión, que se realizará de manera virtual desde Buenos Aires, establecerá las nuevas tarifas para el período 2025-2029. Según directivas del Ministerio de Economía a la secretaria de Energía, María Tettamanti, los aumentos no deberán superar el 10% anual para usuarios finales, con posibilidad de fraccionamiento mensual.

La decisión de proteger a los usuarios que no paguen tasas municipales se fundamenta en diversas normativas, incluyendo la Ley 24.076, la Resolución de la Secretaría de Comercio 267/24, resoluciones del Enargas y la Ley de Defensa del Consumidor. Estas disposiciones prohíben expresamente la incorporación de tasas e impuestos en las boletas de servicios públicos.

La estructura tarifaria actual comprende cuatro componentes: costo de energía, transporte, distribución e impuestos de distintos niveles gubernamentales. Los subsidios estatales se aplican exclusivamente al costo energético, siguiendo el esquema de segmentación por ingresos establecido. Esta revisión forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno para controlar la inflación durante 2025, año de elecciones legislativas.