POSTERGAN EL TRATAMIENTO DE LA REFORMA DE LA JUSTICIA PENAL

El proyecto de reforma del fuero penal de la Provincia, que fue sancionado por la Cámara de Diputados a fines de diciembre de 2006, sigue en debate en el Senado. Integrantes del bloque justicialista se reunieron con Felipe Solá y su ministro de Justicia, Eduardo Di Rocco, pero aún no hay definiciones sobre el texto legal que sería aprobado.
Teniendo en cuenta que el radicalismo se opone a los cambios legales y el PJ condiciona su conformidad a que se logre un consenso con los sectores que intervienen en la prestación del servicio de justicia, el escenario más factible hoy es que se reforme el expediente, se apruebe y vuelva a Diputados.
El proyecto aprobado en la cámara baja elimina el Tribunal de Casación, acorta los plazos de dictado de sentencia y multiplica casi por tres la cantidad de juzgados de primera instancia de los departamentos judiciales. El propio tribunal y colegios de abogados y magistrados criticaron la iniciativa.
La senadora Mónica Litza dijo que la mesa de trabajo compartida con Solá y su ministro de Justicia duró algo más de 4 horas. “El Gobernador nos explicó cuál era su visión de esta reforma judicial. Nos dijo por qué era importante para todos los bonaerenses”, afirmó.
La legisladora añadió que el bloque justicialista seguirá recibiendo a los diferentes sectores de la Justicia para escuchar objeciones y opiniones. “Y después de eso, manifestaremos cuál es nuestra opinión”, aseguró.
Respecto de la posibilidad de unificar una opinión con el Gobernador, Litza señaló: “Nosotros vamos a expresar nuestra opinión en las reuniones de Comisión. Con el Gobernador ya hablamos, y ya lo escuchamos”.
Otro senador dijo que la intención del bloque es consensuar la norma con todos los sectores para poder darle el sí en el recinto. Y adelantó que esta semana habrá otro encuentro con el mandatario provincial.
Respecto de la emergencia vial, la postergación del proyecto tiene que ver, sobre todo, con que, por unanimidad, las dos cámaras suspendieron la utilización de los radares fotográficos que ahora el gobierno quiere reinstalar en las rutas. Y también con que muchos intendentes tendrían el deseo de recuperar la potestad de utilizarlos, si es que no se continúa con la prohibición de utilizarlos.
Tampoco se ha logrado consenso aún respecto de la reforma impositiva, que según una propuesta de Nicolás Dalesio incluiría un aumento en las alícuotas de los impuestos Inmobiliario y Automotor para los propietarios de bienes personales por al menos 600 mil pesos y dejaría de lado el tributo sobre los activos financieros.