Policías de civil en controles de tránsito: cuando la eficacia choca con la legalidad

La explicación difundida por la Municipalidad tras la polémica generada por un operativo vial volvió a poner el foco en una cuestión sensible: hasta dónde puede llegar el Estado en nombre de la eficacia. “Con el objetivo de profundizar la seguridad en el tránsito y evitar la fuga de motociclistas, el operativo se desarrolló con la participación de los agentes de tránsito y policías de civil”, señaló el comunicado oficial para justificar el procedimiento realizado en la zona de La Trocha.

La frase, breve y contundente, encierra una tensión que no es menor. En la provincia de Buenos Aires, los controles de tránsito son procedimientos administrativos, regidos por normas claras que establecen cómo deben realizarse, quiénes están habilitados a intervenir y bajo qué condiciones. No se trata de operativos policiales encubiertos ni de acciones de seguridad compleja, sino de controles previsibles, señalizados y con autoridad visible.

La participación de policías de civil en un control vial plantea un problema jurídico y operativo. La legislación distingue con precisión entre infracciones administrativas y delitos penales. Circular sin casco, sin documentación o con caños de escape antirreglamentarios constituye una falta de tránsito, no un delito. Para esos casos, la intervención corresponde a inspectores de Tránsito o a personal policial uniformado, debidamente identificado, que debe ordenar la detención, solicitar documentación y, si corresponde, labrar el acta o disponer el secuestro del vehículo.

El argumento oficial se apoya en la necesidad de evitar fugas. Sin embargo, la fuga no puede ser el punto de partida del procedimiento, sino una consecuencia eventual. La normativa no habilita a montar controles encubiertos para sorprender al conductor. Por el contrario, el esquema legal es exactamente el inverso: control visible, orden de detención clara y, recién ante una desobediencia concreta, intervención policial en los términos que correspondan.

Cuando policías de civil interceptan a un motociclista en un control de tránsito, se diluyen las fronteras entre lo administrativo y lo penal. El ciudadano no tiene forma de identificar a la autoridad, no sabe si se trata de un procedimiento oficial ni bajo qué reglas se está actuando. Esa confusión no solo vulnera garantías básicas, sino que además incrementa el riesgo físico en la vía pública.

La discusión de fondo no pasa por negar la necesidad de controles ni por relativizar los problemas reales del tránsito. Nadie discute que las maniobras imprudentes o las fugas representan un peligro. El punto es otro: si para combatirlas se adoptan métodos que se apartan de la ley, el Estado termina debilitando la legitimidad del propio control.

La explicación municipal aporta contexto, pero también deja una pregunta abierta. ¿Puede la búsqueda de eficacia justificar procedimientos que la normativa no contempla? En un Estado de derecho, la respuesta no debería depender del resultado del operativo ni de la cantidad de motos secuestradas, sino del respeto estricto de las reglas que ordenan la convivencia. Ahí es donde el debate sigue abierto y donde la explicación oficial, lejos de cerrarlo, lo profundiza.