Polémica por el traspaso del helicóptero sanitario a la Policía Bonaerense
La Provincia de Buenos Aires se encuentra en el centro de una controversia que pone de manifiesto las consecuencias de decisiones administrativas que afectan directamente la atención médica de emergencia. El caso del helicóptero sanitario, ahora bajo el control de la Policía Bonaerense, ha cobrado relevancia tras un incidente reciente en la ciudad de Mercedes.
El episodio que ha puesto el foco en esta problemática involucra a Martiniano Palazzo, un niño que sufrió un traumatismo craneal y requería un traslado urgente al Hospital Garrahan en Buenos Aires. Según fuentes fidedignas del Garrahan, la médica de guardia del Hospital Blas Dubarry de Mercedes solicitó el helicóptero sanitario para el traslado, reconociendo la gravedad del caso y la necesidad de una atención especializada inmediata.
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“Era la opción más adecuada. El paciente habría llegado a la terraza del Garrahan en apenas 20 minutos. Solicitar el helicóptero era lo correcto dada la condición del paciente”, afirmaron fuentes del Garrahan que pidieron mantener el anonimato. Esta declaración respalda la decisión de la médica de guardia, cuya actuación profesional priorizó la vida del paciente ante una situación crítica.
Sin embargo, la controversia surgió cuando, posteriormente, la oficina de prensa del Hospital Blas Dubarry negó que se hubiera realizado tal solicitud. Esta discrepancia en la información plantea interrogantes sobre los protocolos de comunicación y toma de decisiones en situaciones de emergencia.
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Ante la imposibilidad de contar con el helicóptero sanitario, ahora bajo control policial, los médicos a cargo del caso de Martiniano exploraron una segunda opción: el traslado aéreo mediante una aeronave convencional. No obstante, esta alternativa también se vio frustrada debido a un problema de infraestructura crítico y de larga data.
El aeroclub local, que podría haber servido como punto de despegue para una aeronave de emergencia, carece de balizamiento nocturno desde 2013. Esta deficiencia, originada por el robo del equipo de iluminación por parte de un grupo de jóvenes hace más de una década, imposibilita las operaciones aéreas después del atardecer. Dado que el incidente de Martiniano ocurrió en horas de la tarde, cuando la luz natural ya declinaba, esta opción quedó descartada por razones de seguridad.
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Frente a este escenario, donde tanto la opción del helicóptero sanitario como la de una aeronave convencional resultaron inviables, la médica a cargo se vio obligada a tomar la única decisión posible: realizar el traslado por vía terrestre. Esta situación pone de manifiesto no solo la falta de recursos aéreos especializados, sino también las deficiencias en la infraestructura de apoyo que podrían servir como alternativas en casos de emergencia.
El caso de Martiniano Palazzo ilustra de manera contundente cómo la concatenación de decisiones administrativas, como el traspaso del helicóptero sanitario a la policía, y la falta de mantenimiento de infraestructuras críticas, como el balizamiento del aeroclub, pueden tener consecuencias directas y potencialmente graves en la atención médica de emergencia.
La realidad es que, independientemente de la solicitud, el helicóptero sanitario ya no está disponible para estos fines. Esta aeronave, que en su momento fue descrita como una “unidad de terapia intensiva volante”, ahora se encuentra bajo el control de la Policía Bonaerense, como resultado de cambios administrativos iniciados durante el gobierno de María Eugenia Vidal y continuados en la gestión actual.
La historia del helicóptero sanitario en Buenos Aires se remonta a varias décadas atrás. Desde los años 80, con la incorporación del BO-105, conocido cariñosamente como “el amarillo”, hasta su reemplazo en 2011 por el moderno EC-145, estas aeronaves han sido cruciales para la atención médica en una provincia que abarca más de 300,000 km².
El EC-145, apodado “El Naranja”, representaba un salto cualitativo en las capacidades de respuesta médica aérea. Sin embargo, la decisión de transferir la Dirección de Aeronáutica al Ministerio de Seguridad durante el mandato de Vidal, y la posterior llegada de Sergio Berni a este ministerio en la gestión de Axel Kicillof, llevaron a que todos los helicópteros, incluido el sanitario, pasaran a control de la policía bonaerense.
Esta reasignación ha generado malestar entre el personal civil de la Dirección de Aeronáutica. Fuentes anónimas han expresado su desacuerdo, argumentando que la naturaleza de sus funciones, centradas en traslados sanitarios y humanitarios, difiere sustancialmente de las tareas policiales que ahora predominan en el uso de estas aeronaves.
La importancia de contar con un helicóptero dedicado exclusivamente a funciones sanitarias va más allá de casos individuales. Según datos del Hospital Garrahan, cuando estaba en funcionamiento para estos fines, el helicóptero realizaba entre 10 y 15 servicios mensuales, conectando hospitales de toda la provincia. Su ausencia se hace sentir especialmente en zonas aisladas como la Isla Martín García, donde ahora deben recurrir a otros medios para emergencias médicas.
La situación ha llegado hasta la legislatura provincial. La diputada Romina Braga ha presentado una solicitud de informes al gobernador Axel Kicillof, buscando obtener respuestas concretas sobre el destino y el estado actual de la aeronave LQ-CLU. Hasta el momento, esta solicitud, registrada en el expediente 1049 de este año, no ha recibido respuesta, lo que añade una capa adicional de preocupación y urgencia al asunto.
La falta de un helicóptero dedicado exclusivamente a funciones sanitarias plantea serios cuestionamientos sobre la gestión de recursos críticos para la salud pública en la provincia de Buenos Aires. Mientras las autoridades defienden la reorganización de los recursos aéreos bajo la órbita policial, la población queda expuesta a un sistema de emergencias médicas disminuido en su capacidad de respuesta especializada.
El caso de Martiniano Palazzo y la iniciativa de la diputada Braga han servido para poner de relieve una problemática que requiere una revisión urgente por parte de las autoridades provinciales. La decisión de mantener el helicóptero sanitario bajo control policial versus devolverlo a sus funciones originales es un debate que trasciende lo administrativo y toca directamente la calidad de la atención médica de emergencia en la provincia.
Mientras tanto, profesionales de la salud como la médica de guardia del Hospital Blas Dubarry continúan haciendo su mejor esfuerzo con los recursos disponibles, enfrentando situaciones críticas donde cada minuto cuenta. La ausencia de un helicóptero dedicado exclusivamente a funciones sanitarias no solo complica su labor, sino que pone en riesgo la vida de pacientes que requieren atención especializada urgente.
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