Una ola de incertidumbre recorre la provincia de Buenos Aires tras el anuncio del Gobierno Nacional sobre un drástico ajuste en la Agencia de Regulación y Control Aduanero (ARCA). La restructuración, que según fuentes oficiales busca “mejorar la eficiencia organizacional” estatal, contempla la eliminación de 695 puestos laborales y el cierre de numerosas oficinas, receptorías y distritos en territorio bonaerense, medida que deberá concretarse en un plazo máximo de 45 días.

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Entre las dependencias afectadas figuran varias pertenecientes a la Regional Mercedes, específicamente las ubicadas en Bragado, San Nicolás, San Pedro y Chivilcoy. Esta situación obligará a miles de contribuyentes a trasladarse hacia localidades vecinas para realizar sus trámites impositivos, generando complicaciones logísticas y mayores gastos para los usuarios.

Frente a este panorama, la Seccional Mercedes de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP) convocó diversas asambleas para debatir estrategias de resistencia. Una de estas reuniones tuvo lugar en San Pedro, donde convergieron la Comisión Directiva gremial junto a delegados de las oficinas amenazadas con el cierre para delinear un plan de acción que incluirá tanto medidas gremiales como recursos judiciales.

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Juan Martín Andrés, Secretario General de la Seccional Mercedes AEFIP, cuestionó duramente la medida gubernamental: “Lo que pretenden es destruir el organismo, vaciarlo completamente. Recordemos que el Presidente calificó como héroes a quienes evaden impuestos, y ahora buscan desmantelar una estructura sólida en materia de recaudación fiscal”. El dirigente advirtió además que esta decisión no solo perjudicará a los empleados del sector, sino también a aproximadamente 60 mil contribuyentes de la zona de la ruta 9, quienes deberán trasladarse hasta Zárate para realizar sus gestiones.

El sindicato anunció que interpondrá todos los recursos legales disponibles para impedir el cierre de distritos y receptorías. Andrés mencionó la existencia de una medida cautelar, impulsada por la conducción nacional gremial, que hasta el momento ha bloqueado despidos masivos, aunque señaló que “el Ejecutivo Nacional presiona constantemente para que sea levantada y así poder concretar las cesantías”.

La decisión gubernamental también provocó reacciones en el ámbito político municipal. Diversas intendencias manifestaron su rechazo, entre ellas San Pedro, cuyo jefe comunal emitió un comunicado expresando su “profunda preocupación y absoluto rechazo” ante el cierre de la oficina local, señalando que esta medida pone en riesgo la continuidad laboral de casi 20 trabajadores y sus familias, además de afectar gravemente a miles de contribuyentes regionales.