Más de mil llamadas por día a Cristina para reclamar por la Ley de Bosques

Desde el martes pasado, día en que la organización ambientalista habilitó la línea (011) 4000-5580, el Teléfono Rojo de Greenpeace, más de mil personas por día se comunicaron con Presidencia para reclamarle a Cristina Fernández de Kirchner la urgente reglamentación de la Ley de Bosques y una política firme contra los desmontes.
Luego de realizar su reclamo, que en la mayoría de los casos es respondido por los recepcionistas del conmutador, muchas personas dejaron sus comentarios en el blog de Greenpeace: www.greenpeace.org.ar/blog.
“La respuesta de la gente para parar este boicot a la Ley de Bosques es impresionante, como lo hicieran hace un año cuando se lograron juntar un millón y medio de firmas para que se sancionara, lo que demuestra que el problema de la deforestación es un tema que le preocupa mucho a la sociedad argentina”, señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
El borrador de la reglamentación de la Ley de Bosques fue realizado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, luego de un proceso consultivo del que participaron organizaciones ambientalistas y el Consejo Federal del Medio Ambiente, y fue girado a principios del mes de julio al Poder Ejecutivo, donde se encuentra demorado en el Área de Coordinación de Presupuesto Nacional del Ministerio de Economía.
“A pesar de que el borrador de la reglamentación está listo desde hace seis meses, las nuevas autoridades de la Secretaría de Ambiente de la Nación pretenden rediscutirlo con los gobiernos provinciales a través del Consejo Federal del Medio Ambiente para lavar y flexibilizar la norma. Así, buscan que la reglamentación les permita a las provincias más comprometidas con la deforestación cobrar los fondos que la ley establece y seguir con la fiebre de las topadoras”, afirmó Giardini.
La Ley de Bosques fue sancionada el 28 de noviembre de 2007 tras una campaña que logró juntar un millón y medio de firmas, y establece que las provincias no pueden emitir nuevos permisos de desmonte hasta tanto no realicen un Ordenamiento Territorial de sus zonas boscosas bajo diez criterios ecológicos y categorías de conservación que apuntan a evitar la fragmentación y degradación del bosque nativo y a preservar las tierras utilizadas por las comunidades campesinas e indígenas.
La norma crea el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos (cerca de mil millones de pesos al año) para distribuir entre las provincias que sancionen por ley provincial el Ordenamiento Territorial de sus Bosques, con el objetivo de fortalecer la capacidad técnica y de control, compensar a los titulares que realicen tareas de conservación y manejo sostenible, y para fomentar las actividades productivas que los pequeños productores rurales y comunidades.