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Cuando la ley es optativa: pirotecnia, tasas y un municipio que mira para otro lado

A diez años de la ordenanza de pirotecnia cero, los ruidos vuelven a escucharse y la autoridad vuelve a diluirse. Como ocurre con el cobro de tasas, el cumplimiento recae siempre sobre los mismos mientras la mayoría queda al margen.
25.12.2025 [+]

La ordenanza de pirotecnia sonora cero fue una de las decisiones políticas más visibles del inicio del primer mandato de Juan Ustarroz. Un mensaje claro, al menos en los papeles, sobre convivencia, respeto y cuidado de la salud. Diez años después, la escena se repite sin cambios: anuncios oficiales, clausuras difundidas y, horas más tarde, explosiones que atraviesan barrios enteros como si nada existiera.

En las últimas horas, el Municipio informó la clausura de dos comercios por venta de pirotecnia. La noticia circuló con rapidez, presentada como una muestra de control y presencia del Estado. Sin embargo, esa narrativa se desmoronó al caer la noche, cuando durante largos minutos los estruendos volvieron a escucharse en distintos puntos de la ciudad. La realidad fue más contundente que cualquier parte de prensa.

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La contradicción es evidente. Si hay controles, ¿por qué la pirotecnia sigue circulando con tanta facilidad? Si las clausuras funcionan, ¿cómo se explica que el ruido se extienda sin interrupciones? La respuesta parece estar menos en la falta de normas y más en la ausencia de una decisión firme para hacerlas cumplir.

El problema no se limita a la pirotecnia. Algo muy similar ocurre con el pago de las tasas municipales. Apenas alrededor del 30% de los vecinos cumple regularmente con esa obligación, mientras el resto queda fuera del sistema sin consecuencias visibles. El resultado es siempre el mismo: la carga recae sobre una minoría responsable, mientras la mayoría opera bajo una lógica de impunidad tolerada.

En ambos casos, el mensaje implícito es peligroso. Cumplir no parece valer la pena cuando el Estado mira para otro lado. Se castiga al que hace las cosas bien y se naturaliza el incumplimiento como regla. No por falta de herramientas legales, sino por falta de decisión política.

Después de una década de gestión, ya no alcanza con señalar problemas ni con comunicar operativos aislados. La pregunta es otra y apunta directo al corazón del poder local: ¿hay voluntad real de hacer cumplir las normas o se seguirá administrando la ciudad con gestos para la foto y tolerancia para la infracción? Mientras tanto, el ruido sigue. Y no solo el de la pirotecnia.

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