La República Argentina ha sufrido un duro golpe en su batalla legal internacional tras la decisión de la Corte Suprema de Gran Bretaña de rechazar su solicitud de apelación en el denominado juicio del “cupón PBI”. Esta resolución implica que el país sudamericano deberá desembolsar aproximadamente 1.500 millones de dólares, equivalentes a 1.300 millones de euros más intereses, a un grupo de inversores que argumentaron pérdidas relacionadas con bonos vinculados al crecimiento económico argentino.

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Este desenlace no ha sorprendido a los expertos en la materia. Sebastián Maril, analista de Latin Advisors, comentó que el resultado era previsible, destacando que Argentina se encuentra en una posición sin precedentes desde 2014, cuando el país desacató un fallo judicial en Estados Unidos, lo que desencadenó un default tras varios procedimientos legales bajo la supervisión del juez Thomas Griesa.

El origen de esta disputa se remonta a 2019, cuando cuatro fondos de inversión, que en conjunto poseían cerca del 48% de los bonos emitidos entre 2005 y 2010, iniciaron acciones legales contra Argentina. El Tribunal Superior de Londres falló a favor de estos fondos en 2022, estableciendo la obligación de pago que ahora se ha confirmado.

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La controversia tiene sus raíces en la reestructuración de la deuda argentina de 2005, que dio lugar a la emisión de los bonos “Cupón PBI”. Estos instrumentos financieros estipulaban que si el Producto Bruto Interno del país crecía por encima del 3,3% anual, los acreedores recibirían una compensación adicional.

Sin embargo, la situación se complicó en 2007 con la intervención del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), cuando el entonces secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, fue acusado de manipular los datos de inflación. En 2013, el INDEC modificó la metodología de cálculo del PBI, informando un crecimiento del 3,2%, justo por debajo del umbral que activaría el pago a los acreedores. Esta maniobra, que en su momento permitió al gobierno de Cristina Kirchner evitar el desembolso de más de 3.600 millones de dólares en intereses, fue el catalizador de la demanda presentada por los fondos de inversión.

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Desde la Procuración del Tesoro de Argentina han señalado que este litigio ocupa el quinto lugar en importancia por el monto demandado y concierne a instrumentos de deuda vinculados al PBI denominados en euros y regidos por la legislación inglesa. Las autoridades argentinas han indicado que están evaluando con sus asesores legales las implicaciones de esta decisión de la Corte Suprema del Reino Unido.

Esta resolución judicial pone fin a las opciones legales de Argentina para continuar postergando el caso, lo que marca un punto de inflexión en la saga legal que ha mantenido en vilo a inversores y observadores económicos internacionales durante años. El desenlace de este conflicto podría tener repercusiones significativas en la percepción de riesgo del país y en su capacidad para acceder a los mercados de capitales internacionales en el futuro.