La crisis silenciosa de la diálisis: más de 4.600 pacientes bonaerenses siguen sin respuestas del Gobierno provincial

La situación que atraviesan los centros de diálisis de la provincia de Buenos Aires dejó de ser solo un conflicto administrativo para transformarse en un problema sanitario de escala. Desde hace más de diez meses, la Asociación Regional de Diálisis y Trasplantes Renales de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires espera una respuesta del Gobierno provincial. A pesar de las notas enviadas, los pedidos de audiencia y las comunicaciones dirigidas a las autoridades del Ministerio de Salud y del IOMA, no hubo ni una devolución formal, ni un llamado, ni una fecha de reunión para abordar la emergencia que afecta a miles de pacientes.

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La entidad recordó que el 23 de julio elevó una carta al gobernador Axel Kicillof alertando sobre la situación financiera crítica del sector. En ese documento se detalló la deuda acumulada por parte del Ministerio y del IOMA, la falta de actualización de los valores prestacionales y el riesgo concreto de interrupción de los tratamientos. Desde entonces, los reclamos se sucedieron con nuevos escritos dirigidos al ministro Nicolás Kreplak en agosto y octubre, y al presidente del IOMA, Homero Giles, en septiembre y en otro envío más reciente. Ninguna de esas presentaciones obtuvo un acuse de recibo.

El presidente de la asociación, Alfredo Casaliba, explicó que la falta absoluta de interlocución agrava una crisis que viene profundizándose desde mediados del año pasado. Señaló que los centros trabajan sin previsibilidad económica, con costos que se multiplican por el aumento de insumos, servicios y salarios, mientras el valor del módulo de hemodiálisis permanece congelado desde julio de 2024. En ese contexto, la deuda acumulada supera los veinte mil millones de pesos y coloca a casi doscientos prestadores en riesgo financiero inmediato.

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La ausencia de diálogo se convirtió en el elemento más inquietante para el sector, que depende en gran medida del financiamiento del Estado provincial. Se calcula que alrededor del cuarenta y cuatro por ciento de los pacientes en tratamiento dependen del Ministerio de Salud bonaerense y del IOMA. Esa proporción convierte cualquier demora en los pagos y en la actualización de valores en un riesgo directo para la continuidad del servicio.

Casaliba advirtió que la diálisis no admite interrupciones y que cada sesión suspendida implica un peligro concreto para la vida del paciente. Recordó que la asociación viene solicitando una mesa de trabajo desde hace meses para encontrar una salida que permita sostener a los centros y garantizar la atención. Sin embargo, la falta de respuestas de las autoridades provinciales dejó al sistema en un estado de incertidumbre que se vuelve más profundo con el paso de las semanas.

La crisis ya se refleja en la operatoria cotidiana de los establecimientos, que deben afrontar aumentos en insumos importados, dificultades para sostener el transporte de pacientes y tensiones salariales en un rubro que exige equipos profesionales altamente especializados. Sin una actualización de valores y sin un esquema de pagos regularizado, la continuidad de los tratamientos queda atada a la voluntad y el esfuerzo de centros que, según advierten, están llegando a un punto límite.

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La situación no da margen a la espera. Más de 4.600 bonaerenses dependen de que los tratamientos continúen sin interrupciones y de que el Estado salga del silencio que hoy domina la relación con un sector esencial del sistema de salud. En un contexto crítico, la falta de diálogo no solo profundiza los problemas económicos: también deja en evidencia un vacío institucional que compromete a quienes más necesitan una respuesta urgente.