El conflicto entre el gobierno nacional y la administración bonaerense alcanzó un nuevo punto de ebullición cuando el gobernador Axel Kicillof respondió con inusitada firmeza a las declaraciones del presidente Javier Milei, quien había sugerido su renuncia como paso previo a una posible intervención federal. Durante una conferencia de prensa realizada en La Plata, Kicillof no solo rechazó categóricamente tales insinuaciones, sino que elevó el tono de la disputa al acusar directamente al mandatario nacional de ser “el principal responsable del narcotráfico” en Argentina.

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“La provincia de Buenos Aires no se somete a amenazas ni extorsiones”, afirmó Kicillof, quien calificó las expresiones presidenciales como un intento de materializar un “sueño autoritario”. El mandatario provincial estuvo flanqueado por numerosos intendentes, funcionarios, legisladores y referentes del peronismo bonaerense, escenificando así un frente de respaldo político ante lo que considera un embate institucional.

El detonante de esta escalada verbal fue el brutal asesinato de Kim Gómez, una niña de siete años, durante un robo en La Plata. Este trágico episodio generó profunda conmoción social y reactivó el debate sobre la seguridad en el conurbano, convirtiéndose en el epicentro de acusaciones cruzadas entre ambas administraciones.

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En un movimiento que profundiza la crisis institucional, Kicillof anunció que presentará una denuncia formal contra el presidente por “posible atentado al orden institucional”, argumentando que las amenazas de intervención constituyen una grave violación a los principios federales consagrados en la Constitución Nacional.

Desde el Ejecutivo Nacional, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había previamente responsabilizado a la administración provincial por no implementar medidas efectivas contra el delito. En respuesta, el gobernador bonaerense dirigió sus críticas hacia la falta de recursos destinados a la seguridad por parte del gobierno central: “El presidente ha desmantelado todas las políticas de seguridad y ahora nos quiere echar la culpa”, sentenció Kicillof.

Este enfrentamiento ocurre en un contexto donde la inseguridad se ha convertido en la principal preocupación ciudadana en la provincia más poblada del país, con indicadores delictivos en alza y una creciente percepción de vulnerabilidad entre los habitantes del conurbano bonaerense.