Arroyo Salgado habló de una “agonía silenciosa” en la Justicia argentina

Las declaraciones de Sandra Arroyo Salgado volvieron a poner en primer plano una discusión que atraviesa al poder judicial desde hace años, pero que pocas veces se formula con tanta crudeza. En una entrevista la magistrada aseguró que la Justicia argentina se encuentra en “un estado de agonía silenciosa”, una frase que, más allá de su impacto, resume para ella la combinación de falencias estructurales, falta de recursos y desarticulación institucional que atraviesa al sistema.

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Arroyo Salgado expuso su preocupación a partir del relato de una investigación federal por lavado de dinero que involucra operaciones millonarias vinculadas al Comando Vermelho. Según explicó, la trama revela no solo la capacidad de penetración del crimen organizado, sino también las limitaciones locales para enfrentar maniobras de alto volumen financiero. En ese contexto, señaló que la falta de controles, de tecnología y de coordinación entre organismos convierte al país en un terreno vulnerable para redes criminales de alcance regional.

La jueza sostuvo que el deterioro no es coyuntural sino estructural, y lo atribuyó a un cúmulo de problemas que, en su lectura, se arrastran desde hace décadas. Entre ellos, mencionó las vacantes que paralizan juzgados y fiscalías, los concursos que se prolongan indefinidamente y los procesos de designación que avanzan con lentitud crónica. Ese escenario, dijo, debilita la capacidad del Estado para investigar, resolver conflictos y garantizar derechos básicos.

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La advertencia adquirió un tono más político cuando reclamó una reforma profunda y una mayor participación ciudadana en la discusión sobre el futuro del sistema judicial. A su juicio, la Justicia no puede mantenerse ajena al escrutinio público y necesita reconstruir credibilidad para evitar lo que definió como un “deterioro final” de la institucionalidad democrática. Su planteo apunta a un debate de fondo que se mantiene irresuelto: cómo modernizar un esquema que se percibe saturado, lento y poco transparente.

En un país donde el crimen organizado gana presencia y donde las investigaciones complejas requieren coordinación, presupuesto y equipos especializados, la jueza insistió en que el silencio oficial agrava el cuadro. Subrayó que la Justicia es la última garantía de los derechos ciudadanos y que, si el sistema se derrumba, el costo institucional será transversal.