El Poder Ejecutivo Nacional estableció este jueves una nueva normativa que modifica sustancialmente los criterios para determinar el lugar de detención de personas privadas de su libertad. La medida, publicada en el Boletín Oficial, introduce cambios significativos en la política penitenciaria respecto a la identidad de género.

La disposición determina que el alojamiento de los detenidos en el sistema penitenciario se definirá exclusivamente según el sexo que tenían registrado al momento de cometer el delito por el cual fueron procesados o condenados. Esta normativa implica que cualquier modificación posterior en el registro de género no habilitará el traslado a otra unidad penal.

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La nueva reglamentación busca establecer criterios objetivos y uniformes para la asignación de establecimientos penitenciarios, tomando como referencia única la situación registral de la persona al momento del hecho delictivo. De esta manera, el gobierno introduce un marco regulatorio específico para abordar una situación que había generado debates en el sistema penitenciario.

Esta medida representa un cambio sustancial en la política penitenciaria argentina y establece parámetros claros para la administración del sistema carcelario en relación con la identidad de género de los detenidos, priorizando la situación registral al momento del delito por sobre modificaciones posteriores.