Fernando Espinoza, actual intendente de La Matanza, no compareció a la mediación programada con Melody Raukauskas, quien lo acusa de abuso sexual. Esta audiencia, que formaba parte de una demanda civil por daños y perjuicios iniciada por la denunciante, estaba prevista realizarse de manera virtual debido a una orden de alejamiento vigente contra el funcionario.

Marcelo Abel Urra, abogado de Raukauskas, manifestó su desconcierto ante la ausencia del acusado. “Aguardamos durante el periodo de tolerancia establecido, desde las 14:00 hasta las 14:30, sin que nadie de la parte contraria se conectara”, declaró el letrado. Ante esta situación, la defensa de la demandante solicitó el cierre de la instancia conciliatoria por “incomparecencia de la parte requerida”, lo que les permite avanzar con la presentación formal de la demanda.

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Por su parte, el equipo legal de Espinoza argumenta que “jamás se emitió una notificación oficial para dicha mediación” y que, de haber existido tal citación, el abogado León Arslanian, representante del intendente en la causa, habría asistido a la sesión por videoconferencia.

Este episodio se suma a un proceso judicial más amplio que enfrenta el jefe comunal. Recientemente, la Sala VII de la Cámara de Crimen ratificó el procesamiento de Espinoza por abuso sexual contra Raukauskas, acercando el caso a un juicio oral y público. Además, se dispuso un embargo de $1.500.000 sobre los bienes del procesado.

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La decisión de la Cámara confirma el fallo previo de la jueza María Fabiana Galletti, quien había procesado a Espinoza por abuso sexual y desobediencia a una orden judicial. Este último cargo se debe a que el imputado violó la prohibición de acercamiento al contactar telefónicamente a la víctima, intentando persuadirla de retirar la denuncia.

A pesar de que los magistrados fallaron en concordancia con el dictamen del fiscal Mauricio Viera, el equipo de defensa del intendente apeló ante la Cámara de Casación Nacional. Sus abogados, María Paola León y Germán González Campaña, sostienen que la confirmación del procesamiento “aún no está firme” y han solicitado a la Justicia que se abstenga de ejecutar la decisión hasta que se resuelva el recurso de casación.

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El expediente ha regresado al juzgado de Galletti, quien deberá determinar si da por concluida la etapa de instrucción, considerando agotada la fase de investigación. Mientras tanto, la comunidad de La Matanza y la opinión pública siguen de cerca el desarrollo de este controvertido caso que involucra a una de las figuras políticas más prominentes del conurbano bonaerense.