El debate sobre el contrato de los ferrocarriles llegaría al Congreso

Hasta ahora, el Congreso miró desde afuera el debate sobre el deterioro de los servicios que revelaron los estudios encargados por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, la comisión bicameral encargada de seguir la legislación promulgada por el Poder Ejecutivo incluyó en el temario de mañana el decreto 2075 del 2002, que declaró el estado de emergencia del sistema ferroviario.

A través del decreto, el gobierno suspendió el plan de inversiones que debían llevar adelante las empresas. “Hay que revisar el estado de los subsidios y las exigencias de las obras de mantenimiento”, aseguró la diputada Silvia Leonelli, titular de la comisión, quien impulsó la inclusión del decreto en la agenda.

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El desentendimiento del Congreso frente a la situación de las empresas de servicios públicos quedó en evidencia en la inactividad de la comisión bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones. Su última reunión fue el 10 de octubre de 2002. Ahora, la comisión presidida por Leonelli quiere tomar la posta y reabrir en el Congreso la discusión sobre la situación de los ferrocarriles.

El justicialista Oscar González, integrante de la comisión y actualmente alineado con el menemismo, aseguró que el sector está “pésimamente manejado desde la Secretaría de Transportes”. “Hay una serie de presiones cruzadas - agregó - y lo único que no está en juego es el interés de los usuarios, hay que hacer un estudio profundo de los concesionarios, de las metas de inversión y del canon”.

Explicaciones

González quiere, además, citar a las autoridades de la secretaría de Transporte para que brinden explicaciones. Otro justicialista, el senador Jorge Capitanich, coincidió con una “participación más activa” del Parlamento en el control de los servicios ferroviarios, pero como integrante de la comisión advirtió que sus dictámenes “no son vinculantes”.

“Estoy de acuerdo con la intimación a las empresas presentada por el gobierno - agregó Capitanich - es imprescindible que adecuen los servicios en virtud de parámetros básicos de calidad, no se puede mantener la presentación en estas condiciones y no si no puede cumplir debería dejar la concesión”.

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En la oposición parlamentaria, los planteos frente a los contratos van desde los pedidos enfáticos a favor de la rescisión a muestras de inquietud ante la creciente ola estatista.

“Hay que tener cuidado con la rescisión de los contratos, porque se puede hacer el juego a las empresas que tengan deseos de desprenderse del negocio, se lo sacan de encima y después presentan un juicio multimillonario contra el Estado”, advirtió, por ejemplo, el diputado demócrata progresista Alberto Natale, quien en el pasado presidió la comisión de Seguimiento de las Privatizaciones.

El diputado socialista Héctor Polino, integrante de la bicameral que se reunirá el miércoles, defiende en cambio el llamado a una nueva licitación. “Hay contratos con empresas, como TBA y Metropolitano, que están en condiciones de ser rescindidos por los reiterados y graves incumplimientos, habría que ejecutar las garantías y convocar a una nueva licitación”, contestó Polino.

De todas formas, la oposición está atada de manos en la comisión si pretende avanzar en soledad contra la declaración de emergencia dispuesta por el gobierno. En efecto, el justicialismo es mayoría en el grupo y tiene grandes posibilidades de bloquear las propuestas que enfrenten los planes del Poder Ejecutivo: el PJ cuenta con siete integrantes, la UCR con cuatro y el ARI con uno.