Desmantelan red de explotación en centro de rehabilitación de General Rodríguez
Un sorprendente caso de explotación humana salió a la luz en la localidad bonaerense de General Rodríguez, donde las autoridades descubrieron y desarticularon una red de trabajo forzoso que operaba bajo la fachada de un centro de rehabilitación para adicciones. El operativo, llevado a cabo por la Policía Federal Argentina en colaboración con el Ministerio de Seguridad Nacional, culminó con el rescate de aproximadamente 30 individuos, entre los cuales se encontraban varios menores de edad.
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La investigación se inició a raíz de un oficio emitido por el Juzgado de Garantías N°2 de Moreno, presidido por el juez Daniel Alberto Castro, que ordenó la indagación de una propiedad en General Rodríguez. Los agentes de la División Unidad Operativa Federal Mercedes, encargados del caso, realizaron exhaustivas tareas de vigilancia y recolección de información que revelaron la existencia de prácticas de servidumbre y trabajo esclavo en el establecimiento.
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Las labores de inteligencia permitieron identificar a una mujer como la administradora del centro, quien presuntamente sometía a los 30 residentes masculinos a condiciones de explotación laboral. Ante estas evidencias, las fuerzas de seguridad procedieron a irrumpir en el inmueble, poniendo fin a la situación de abuso.
Durante el allanamiento, las autoridades no solo liberaron a las víctimas, quienes fueron posteriormente reunidas con sus familiares, sino que también incautaron diversos objetos de interés para la investigación. Entre los elementos confiscados se encuentran una navaja, una manopla, tres teléfonos celulares y documentación relevante para el caso.
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Como resultado del operativo, una ciudadana argentina de 55 años fue detenida y enfrenta cargos por los delitos de esclavitud, servidumbre, trabajos forzosos y privación ilegal de la libertad. La gravedad de las acusaciones refleja la magnitud de la explotación a la que fueron sometidas las víctimas bajo el pretexto de recibir tratamiento para sus adicciones.
Paralelamente, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires intervino en el asunto, decretando la clausura preventiva del supuesto centro de rehabilitación debido a las irregularidades detectadas. Esta medida busca prevenir futuros abusos y garantizar que las instituciones dedicadas al tratamiento de adicciones cumplan con los estándares legales y éticos requeridos.
Este caso pone de manifiesto la importancia de la vigilancia continua y la cooperación entre distintas agencias gubernamentales para combatir formas modernas de esclavitud que a menudo se ocultan tras fachadas aparentemente legítimas. Asimismo, subraya la necesidad de una supervisión más estricta de los centros de tratamiento para adicciones, con el fin de proteger a individuos vulnerables que buscan ayuda para superar sus dependencias.
Las autoridades han instado a la población a mantenerse alerta y denunciar cualquier actividad sospechosa que pudiera indicar situaciones similares de explotación o abuso. Mientras tanto, se espera que las investigaciones continúen para determinar si existen más implicados en esta red de trabajo forzoso y para asegurar que todas las víctimas reciban el apoyo y la atención necesarios para su recuperación.
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