El funcionario provincial presentó un análisis complejo sobre la situación delictiva, desafiando la narrativa construida por el gobierno nacional.

Alonso desentrañó un argumento central: las consecuencias sociales del ajuste económico. Mediante una estrategia discursiva que vincula la crisis estructural con el incremento de la violencia, señaló que las políticas económicas extremas generan inevitablemente tensiones sociales que se traducen en manifestaciones de conflictividad.

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El ministro advirtió sobre un fenómeno preocupante: el crecimiento de la violencia interpersonal, diferenciándola de los tradicionales delitos contra la propiedad. Sostuvo que los homicidios en ocasión de robo han disminuido significativamente, mientras que han aumentado los episodios de violencia con motivaciones más complejas y personales.

La disputa alcanzó ribetes dramáticos cuando Alonso cuestionó la estrategia comunicacional oficial, acusándola de generar una “psicosis” mediática desconectada de la realidad. Paradójicamente, utilizó estadísticas oficiales para respaldar su argumentación, destacando que Argentina presenta uno de los índices más bajos de homicidios en Latinoamérica.

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El contexto electoral aparece como telón de fondo de esta confrontación. Alonso denunció la utilización del dolor de las familias como herramienta de especulación política, advirtiendo sobre el uso de desinformación y noticias falsas para construir una narrativa que polarice el debate público.

La provincia, donde residen aproximadamente 14 millones de personas, se configura como un escenario complejo donde convergen múltiples problemáticas sociales. El ministro recordó que la conflictividad urbana no es un fenómeno exclusivo de Buenos Aires, sino una característica de las grandes metrópolis a nivel mundial.

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La investigación de casos específicos, como el asesinato de Paloma Gallardo y Josué Salvatierra en Florencio Varela, fue presentada como evidencia del trabajo investigativo en curso, buscando desarticular la percepción de inacción gubernamental.

La declaración de Alonso no solo representa una defensa corporativa, sino un intento de complejizar el análisis sobre la seguridad, trascendiendo la simplificación mediática y reconociendo la multicausalidad de la violencia urbana contemporánea.