Una denuncia penal contra el ex intendente de Suipacha, Alejandro Federico, revela una serie de irregularidades en la venta de terrenos ubicados en la zona industrial del municipio. La presentación, efectuada por el actual intendente, Juan Luis Mancini, expone múltiples delitos, entre ellos incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública y exacciones ilegales. La denuncia fue radicada el 30 de septiembre en el Departamento Judicial de Mercedes y se acompaña de documentación respaldatoria.

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Según se detalla, durante la gestión de Federico, 11 terrenos fueron vendidos a 24 compradores a precios irrisorios, generando una sobreventa difícil de justificar. Estos terrenos, ofrecidos como aptos para desarrollo productivo, carecían de los servicios prometidos, a pesar de que en los planos se especificaba la provisión de energía eléctrica. Además, se facilitó la adquisición mediante pagos en cuotas y tasaciones irregulares realizadas por un profesional privado, omitiendo la intervención de entidades oficiales como el Banco Provincia, en clara violación de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

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El actual intendente Mancini aseguró que la administración municipal viene enfrentando desde 2019 juicios de vecinos afectados por las decisiones de la gestión anterior. “Recibimos una municipalidad al borde del colapso financiero, y estos errores —sean por negligencia o deliberados— han generado un perjuicio enorme que no podemos asumir”, explicaron desde el ejecutivo local.

Las irregularidades no solo se limitan al aspecto económico. La denuncia menciona que la oferta de terrenos se realizó luego de las elecciones PASO de agosto de 2023, donde Mancini ganó y comenzaba a perfilarse como el futuro intendente. Esta situación genera sospechas sobre la intención de favorecer operaciones apresuradas antes del cambio de mando.

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Otro punto clave de la denuncia es la incoherencia entre dos áreas municipales. Mientras la Secretaría de Obras Públicas trabajaba en una nueva ordenanza de zonificación en 2022, que exigía lotes de al menos 2.000 m², desde la Secretaría de Producción se ofrecieron terrenos de 1.100 m² y hasta 700 m², violando la normativa vigente. “Es incomprensible que ni el intendente ni la Secretaría de Gobierno advirtieran estas contradicciones”, señalaron desde la gestión actual, subrayando que las decisiones parecen haberse tomado en pleno conocimiento de las incompatibilidades legales.

La causa quedó bajo la órbita de la Unidad Fiscal N.º 1 de Mercedes, donde se investiga la posible comisión de delitos como cohecho, peculado y negociaciones incompatibles con la función pública, entre otros. Además, los compradores, que hoy no pueden escriturar los terrenos adquiridos, enfrentan un laberinto de vicios administrativos que podría derivar en nuevas demandas.

Este conflicto pone en el centro de la escena no solo las maniobras de la gestión de Federico, elegido en su momento bajo el sello de Cambiemos, sino también los desafíos que enfrenta la administración de Mancini para recomponer el orden institucional y económico en el municipio.