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Malvinas: redefinir identidades

Quienes combatieron en las islas Malvinas, ¿son veteranos de guerra o víctimas de una dictadura?
Parece oportuno abrir un debate en el cual la relación con la legalidad no sea una variable soslayada.

Martín Bohmer . PROFESOR DE DERECHO (UBA Y PALERMO).
José Nesis. MEDICO Y PSICOLOGO

En los últimos días se sucedieron una serie de acontecimientos respecto de Malvinas que son dignos de mención.

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Quienes se jugaron la vida en las islas acamparon en la Plaza de Mayo reclamando una serie de reivindicaciones largamente desoídas; luego, el Gobierno nacional, habiendo organizado un censo entre ellos, les otorgó una serie de pensiones.

Finalmente Clarín informó la semana pasada sobre una conmovedora serie de reacciones en el más alto nivel del Gobierno respecto de la película que sobre el conflicto armado filmó Tristán Bauer.

Estos acontecimientos nos dan la oportunidad para volver sobre el status de quienes lucharon en Malvinas bajo las órdenes de una dictadura militar.

La propuesta de este artículo es multiplicar los reclamos que han sido hasta ahora largamente desoídos, aportar un punto de vista diferente que redefina a los actores de aquel evento en tanto las definiciones actualmente en uso forman parte de una visión anómica del Estado y de la sociedad; y también, desde la cercanía generacional con los actores de aquel drama, proponer un debate en el cual la relación con la legalidad no sea una variable soslayada.

En primer lugar, aquel gobierno era lo que los argentinos llamamos genéricamente “de facto”, un eufemismo para denominar a un grupo numeroso de personas de nuestra misma nacionalidad que ocupan ilegalmente el poder. Así, la decisión de recuperar las islas a través de las fuerzas armadas no fue tomada tal como lo indica la Constitución Nacional, es decir, con la aprobación parlamentaria correspondiente.

Esta aprobación se atribuye en nuestro país a ambas Cámaras, subrayando la necesidad de que tanto los representantes del pueblo (que son los que consiguen el dinero y reclutan las tropas) como los de las provincias, autoricen y aprueben la declaración del Presidente.

Si bien la institución del Servicio Militar Obligatorio preexistía al último período en que los militares gobernaron el país, su precaria legitimidad no se extiende a la determinación de enviar a miles de jóvenes a la guerra.

La decisión de derramar sangre de ciudadanos (nuestros y ajenos) es obviamente una de las más graves que puede tomar un gobierno y es por eso que la Constitución exige el acuerdo de ambos poderes políticos para tomarla.

Por otra parte, y aun suponiendo canales no formales de deliberación, resulta evidente que quienes fueron a luchar a las islas no pertenecían a ninguna agrupación política partidaria o ideológica (que estaban silenciadas por el mismo accionar de la dictadura) y que provenían en general de hogares humildes y dispersos geográficamente y lejanos de los centros de poder.

Los “soldados” y sus familiares carecían de voces propias o de otras que los representaran adecuadamente. Eran, en ese sentido, una minoría desfavorecida sin representación.

Así, si los “soldados” (escribimos esta palabra entre comillas para insistir en la insuficiente legitimidad de las normas que los designaban como tales) fueran considerados víctimas de un Estado autoritario, deberían ser indemnizados como tales.

Esta indemnización representaría el reconocimiento del Estado constitucional y democrático argentino que los daños causados a nuestros conciudadanos por un conflicto en el que nos embarcó una dictadura son daños no debidos, a diferencia de los daños causados por una guerra decidida democráticamente.

Es probable que esta redefinición de los combatientes como víctimas de una decisión y una práctica inconstitucional de un Estado autoritario —y a quienes debe repararse— no agrade a muchos en nuestro país, ni siquiera a ex combatientes que prefieran verse como soldados patriotas injustamente tratados.

Sin embargo, queremos dejar en claro que no es el status de patriotas lo que está en discusión sino el contenido de ese patriotismo, que para nosotros no se encuentra vinculado con reclamos específicos sino con el orgullo de pertenecer a una comunidad que honra el imperio (constitucional) de la ley (democrática).

Hacia el futuro, redefinir la identidad de los combatientes en términos de legitimidad de una democracia constitucional es una necesidad que, aunque dolorosa, se ajusta más a la realidad.

Este reconocimiento nos ayuda a recordar una vez más la importancia de actuar conforme a las leyes emanadas de la deliberación pública inclusiva, en la que se asigne igual consideración y respeto a mayorías y minorías, y el peligro de violar los procedimientos legítimos en pos de fines deseables.

Esta pseudolegitimidad de los medios es la que llevó a gran parte de la sociedad a aplaudir el paso de miles de adolescentes argentinos que, sin el respaldo del orgullo de defender a una república, fueron enviados a morir y a matar al Atlántico Sur.