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Crece la polémica por la ola de inseguridad

Un grupo de diputados del PJ cree que la solución frente a la delincuencia pasa por endurecer la ley. Mientras tanto, el Secretario de Seguridad considera que debe crearse una red de contención a través del trabajo comunitario.
10.04.2002 [+]
“Hay que modificar el Código Penal y dar una respuesta rápida a esta sociedad sometida por una ola de violencia”

Un grupo de diputados del PJ cree que la solución frente a la delincuencia pasa por endurecer la ley. Mientras tanto, el Secretario de Seguridad considera que debe crearse una red de contención a través del trabajo comunitario. Los legisladores justicialistas piden perpetua por matar policías
Ante los últimos hechos de violencia en los que murieron miembros de las fuerzas de seguridad, desde el Congreso se intentó ayer renovar el impulso a una ley que aplica penas más duras para quienes maten a uniformados, en tanto el Gobierno actuó con cautela para no interferir en la polémica generada entre algunos de sus funcionarios y representantes de la Justicia.
Mientras el secretario de Seguridad, Juan
José Alvarez, admitió que la crisis social actúa como disparador del delito y aclaró que “no es un problema del Código Penal”. Los diputados impulsores del proyecto que agrava las penas responsabilizaron de las muertes de los poli-
cías a “jueces que aplican con laxitud” la ley.
La iniciativa parlamentaria fue anunciada en conferencia de prensa por los justicialistas
Jorge Casanovas, Miguel Angel Toma y Angel Baltuzzi, donde sin embargo no estuvieron los principales referentes del bloque del PJ. El primero de ellos, quien fue ministro del canciller Carlos Ruckauf en Buenos Aires, consideró que la legislación actual “permite que los delincuentes salgan en libertad antes de cumplir su pena”, y consideró que los jueces “aplican con laxitud” la ley.
Por su parte, Alvarez afirmó que “no hay dudas” que la grave crisis social actúa como disparador del delito, y señaló que “el aumento de la desigualdad tiene una correlación casi directa con el aumento del delito violento”.
El funcionario se mostró así prudente frente a la polémica entre Ruckauf y el titular de la Cámara Penal de San Isidro, Fernando Marotto, iniciada cuando el canciller acusó a los jueces de ese partido de “alentar a los asesinos”, en tanto el magistrado lo responsabilizó “de algún modo de toda esa violencia ya que en gobierno (en la provincia) se inició la práctica sistemática de la mano dura”.
“El problema de la inseguridad no es sólo del Código Penal o de los policías”, señaló Alvarez, “se pueden tener las mejores leyes, los policías mejor equipados, pero no se va a resolver el problema, que es de la comunidad. Los países que han logrado disminuir fuertemente sus índices de delito han tenido un fuerte trabajo comunitario”. Y completó: “El tema económico social influye fuertemente. No hay duda de que la desigualdad viene acompañada por un aumento del delito. Esto pasa acá y en cualquier país del mundo que sufra esta situación”.
Casanovas, por su parte, explicó que su intención es que “la reclusión y la prisión perpetua lo sean efectivamente y no se permita a veinte años salir en libertad, además de aumentar de 25 a 60 años el límite de penas en casos de varias condenas por distintos delitos independientes”. El proyecto busca sancionar como nueva figura el suministro de armas, agravado cuando sea a menores de edad, modificar la ley de ejecución penal para no otorgar más libertades anticipadas a los homicidas, violadores y torturadores, e incrementar de 70 a 80 años la edad requerida para pedir la prisión domiciliaria.
En el caso de homicidio, actualmente rigen condenas que van de los 8 a 25 años y se quiere elevarlas de 10 a 30 años. Para el homicidio en riña elevar los actuales 2 a 6 años a 3 y 10 años. Respecto del homicidio agravado, el PJ propone agregar un inciso al Código Penal que estará relacionado con el homicidio de un miembro de fuerzas de seguridad que “vistiere uniforme o se hubiera dado a conocer como tal”.
En el peronismo, además, también propusieron incluir en la imputabilidad a adolescentes de 16 años, un proyecto polémico que cuenta con escasos apoyos en otros bloques de Diputados.
“Hay que modificar el Código Penal y dar una respuesta rápida a esta sociedad sometida por una ola de violencia”, puntualizó Casanovas. Aunque se pedirá aprobar el proyecto mañana en sesión especial, hay diferencias en el bloque del PJ y el debate quedaría para la semana próxima.

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