Coronavirus: la disyuntiva entre la política y la justicia por la liberación de presos

Es sin dudas la gran polémica de la jornada: presos libres o no?, luego de los hechos acontecidos en la cárcel de Devoto y que pusiera en evidencia, pese a la llegada de la pandemia a la Argentina, los graves problemas que existen con la sobre población, algo que se viene vislumbrando desde hace tiempo en el sistema carcelario argentino, más agravado en la provincia de Buenos Aires.

Y la disyuntiva se instaló en el ámbito de la justicia y de la política, porque desde la palabra del propio presidente de la nación, pasando por funcionarios provinciales y legisladores, y desde la postura de la Justicia, por las opiniones diversas que no van de las mismas manos.

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“Si fuera por mí, no sale ningún preso”, dijo el ministro de Seguridad provincial Sergio Berni, que criticó las recomendaciones judiciales para excarcelar detenidos que integren la población de riesgo por el coronavirus, ante la posibilidad de contagio. Lejos de coincidir con la opinión del presidente de la Nación, el funcionario provincial indicó que esta medida se planteó en una situación “excepcional” por la pandemia y consideró como “un verso” que los arrestos domiciliarios puedan controlarse por medio de las pulseras electrónicas.

Dijo que su visión “no tiene mucha injerencia” porque “las cárceles dependen administrativamente del Ministerio de Justicia y la libertad de los presos, de los jueces”. Con este panorama de fondo, planteó su oposición a la excarcelación de detenidos. “Por suerte para los presos su libertad no depende de mi opinión, porque si fuera por mí no sale ninguno”, afirmó en una entrevista en América.

Además calificó como “un verso” que con las pulseras electrónicas se pueda monitorear a los detenidos fuera de las cárceles. Advirtió que en la Provincia no hay cantidad suficiente de dispositivos “para todos los presos que quieran liberar”.

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Criticó a los organismos de derechos humanos, que consideró que “sobreactúan, tensan y llevan una expectativa falsa” a los internos. “Hay una cuestión obvia, quieren que los detenidos estén afuera”, dijo. Opinó que “las cárceles son un lugar complicado no solamente por la sobre población que tienen, sino por las expectativas que se van generando”.

La visión de Berni se contrapone a la del presidente Alberto Fernández, que apoyó las excarcelaciones de detenidos por el riesgo de infecciones de COVID-19. Dijo que la cárcel es “un lugar de concentración humana muy riesgoso, donde el contacto y la contaminación pueden llegar con mucha facilidad” y que en los penales “hay gente con factores de riesgo, debilitada”.

Explicó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sugirió a todos los países que integran el Pacto de San José de Costa Rica, entre los que está la Argentina, a buscar alternativas para los presos por cuestiones sanitarias. “Recomienda desde detención domiciliaria hasta libertades restringidas, como pueden ser las pulseras para tener un control”, dijo en una entrevista a Radio con vos.

La Cámara Federal de Casación Penal les sugirió a los tribunales inferiores que otorguen prisión domiciliaria con monitoreo electrónico a los presos condenados por delitos leves o “no violentos”. También a los que estén en condiciones de tener salidas transitorias, mujeres embarazadas y los mayores de 60 años que integren los grupos de riesgo.

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Pero sobre este tema, también opinó Sergio Massa, quien dijo que aquellos jueces que no avisen a las familias damnificadas, sobre la liberación de presos, irán a juicio político. Esto viene a colación de situaciones que se conocieron en el día de la fecha, con presos que resultaron liberados y las familias se enteraron que estaban libres muy cercanos a sus domicilios.

Por eso la disyuntiva entre la justicia y el poder político empieza a tener matices de desencuentros y así lo hacen ver las opiniones de los letrados y las declaraciones de los funcionarios políticos, que parecen no ir todos de la mano.

El presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa, cuestionó que muchos magistrados actúan de manera “irresponsable” incumpliendo con la Ley de la víctima, ante las recomendaciones de la Justicia de que liberen presos por riesgo de contagio de coronavirus.

“A mí me parece que las penas o las sanciones son para ser cumplidas, por que son el acto de reparación que el delincuente debe cumplir para subsanar el error que cometió. Cuando aparece una situación que viola esto se rompe el principio de acuerdo de convivencia social que tenemos los argentinos”, planteó.

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Dijo que en enero el Ministerio de Justicia le cedió al Congreso el funcionamiento de la Oficina de la Víctima. Recordó que fue creada por una ley votada casi por unanimidad, que establece el procedimiento previo a la liberación de un detenido. En el caso de que los magistrados no cumplan “están sujetos al inicio del juicio político de parte del cuerpo de abogados de la Oficina”, indicó en diálogo con Radio La Red.