La mayor sanción recayó en José Bernardo Burgos, quien fue acusado de distintas extorsiones y como jefe de asociación ilícita: recibió 15 años y 6 meses de cárcel y 10 de inhabilitación para ejercer actividades gremiales.

Guillermo Esteban Molina, en tanto, deberá purgar 13 años y 8 meses de cárcel (10 de inhabilitación); Walter Rafael Paiz, 8 años de prisión (10); Mario Matías González, 6 años y medio (7) y Roberto Sabino Ríos, 4 años de prisión (6).

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Salvo Ríos, el resto recibió, además, multas de entre 60 mil y 90 mil pesos.

“Se advierte de las constancias colectadas y las conclusiones que se pueden extraer de ellas que no solo cometieron delitos utilizando las posibilidades que les brindaba el gremio (tanto por el cargo, como por las dependencias y logística administrativa), sino que además no ejercieron sus funciones, dado que no defendían a sus afiliados y a los demás trabajadores”, concluyó Casas.

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De innumerables testimonios, el juez concluyó que “algunos (de los acusados) iban a la obra y la paraban citándolos o convocándolos al gremio, o les solicitaban la entrega de documentación para que la llevasen al sindicato; otros los atendían en la sede del sindicato y los derivaban a hablar con los dirigentes; algunos hacían los pedidos ilegales; otros retiraban los sobres por las empresas o los recibían en el gremio”.

También destacó que “algunos participaban de los piquetes, asambleas o intervenían en las actuaciones contra otro gremio, creaban empresas y participaban de estos hechos que se cometían por la asociación criminal y en algunos casos también la integraban”.

El juicio se había iniciado en marzo y tuvo varias postergaciones por la pandemia, incluyendo la internación y posterior fallecimiento por COVID-19 de Humberto Monteros, ex secretario general del sindicado de la construcción y principal acusado en la organización.