El Poder Ejecutivo dio un paso decisivo en su plan de transformación del sector aerocomercial al disponer la privatización total de Intercargo, la empresa estatal que durante décadas monopolizó los servicios de rampa en los aeropuertos argentinos. Esta determinación quedó formalizada este martes a través del Decreto 198/2025 publicado en el Boletín Oficial, donde se autoriza el procedimiento para la venta completa de las acciones de la compañía mediante una licitación pública de alcance tanto nacional como internacional.

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La cartera de Economía será la encargada de llevar adelante el proceso privatizador, con la colaboración de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”. Entre sus responsabilidades, deberán garantizar que la transición hacia manos privadas no afecte la continuidad de los servicios aeroportuarios ni la conectividad nacional e internacional, aspecto crucial para mantener operativo el sistema aéreo durante el cambio de titularidad.

Un elemento clave de esta privatización es la rescisión por mutuo acuerdo del contrato de concesión vigente entre el Estado Nacional e Intercargo, que otorgaba a esta última la explotación exclusiva del Servicio Único de Atención en tierra a aeronaves. Esta medida formaliza un proceso que ya había comenzado en la práctica con la desregulación del sector aéreo implementada por el Ejecutivo tras los conflictos laborales del año anterior, cuando se habilitó a empresas como Air Class Cargo y Fly Seg a ofrecer servicios similares.

El Gobierno fundamentó su decisión exponiendo que durante el período 2020-2023, Intercargo requirió una asistencia estatal de aproximadamente $6.700.000.000 para cubrir sus necesidades financieras y mantener los estándares de calidad y seguridad. En consonancia con su política de reducción del déficit público, la administración nacional suspendió esta asistencia desde principios de 2024, dejando a la empresa en una situación financiera compleja.

Según argumenta el Ejecutivo, el actual contexto de desregulación y apertura del mercado exige importantes inversiones que Intercargo no puede afrontar con recursos propios y sin apoyo estatal. El decreto sostiene que resulta “indispensable fortalecer las condiciones del proceso de libre mercado” para que operadores privados, en un marco de genuina competencia, realicen las mejoras necesarias en infraestructura y servicios sin depender de fondos públicos.

La administración nacional considera que esta privatización contribuirá directamente a la modernización del transporte y depósito de bienes en los aeropuertos del Sistema Nacional de Aeropuertos, con previsibles mejoras en precios y calidad del servicio para usuarios y pasajeros. El objetivo final apunta a consolidar el sector aerocomercial como “un pilar fundamental para impulsar el crecimiento económico de la República Argentina”, según expresa el documento oficial.

Esta decisión representa uno de los movimientos más significativos en la transformación del sistema aeroportuario nacional, que busca alinearse con prácticas internacionales donde múltiples proveedores compiten por ofrecer servicios de rampa, generando potencialmente mayor eficiencia y menores costos operativos para las aerolíneas que operan en el país.