Anularon la licitación del proyecto para la construcción de la carcel de Mercedes

Mediante una resolución del Ministerio de Planificación Federal, el Gobierno anuló la preadjudicación de proyectos por unos 300 millones de pesos para la construcción, equipamiento y mantenimiento de tres cárceles.
Fuentes del Gobierno aseguraron que cancelación de la construcción de las cárceles, sin embargo, no obedecería a irregularidades, sino más bien a la mala ejecución del proceso evaluatorio por el que se preadjudicaron los contratos. “No hubo acción dolo sa. Fue una cuestión de evaluación subjetiva”, señalaron. “Por empezar, la licitación fue pobre”.
No obstante, todo este proceso de licitación de construcción de cárceles venía rodeado de sospechas. A tal punto que cuando renunció Rosatti a su cargo, se especuló que la razón era su desacuerdo con estas adjudicaciones.
Los proyectos eran para construir una cárcel en Coronda (Santa Fe), otra en Güemes (Salta), y la tercera en Mercedes (Provincia de Buenos Aires). Estos estaban valuado en 50 millones de pesos, 75 millones y 180 millones, respectivamente.
El Estado no tenía proyectos para ninguna de estas cárceles. En cambio, dejó la tarea de planificación a los participantes de la licitación. Aunque este es un procedimiento usado frecuentemente en todo el mundo, se necesita de gran rigurosidad para evaluar el antecedente de los oferentes y la calidad de sus propuestas. Esto, según las fuentes consultadas, faltó en el momento de la preadjudicación, por lo que se prefirió directamente anular todo, y volver a empezar desde cero.
Las fuentes oficiales dijeron que decisión de interrumpir el proceso no fue de la noche a la mañana, sino que llevó ocho meses. Se pidieron informes a una comisión mixta integrada por funcionarios del Ministerio de Justicia y de Planificación en abril y julio pasados. No tenían el nivel de seriedad suficiente.
Las preadjudicaciones habían sido otorgadas en el caso de las cárceles de Mercedes y Güemes a una unidad transitoria de empresas conformadas por IEGSA y Super Cemento. En el caso de la cárcel de Coronda, la preadjudicación estaba en manos de Eleprint Sociedad Anónima y Emaco Sociedad Anónima.
Los funcionarios aseguraron que no hubo sobrevaluación de los proyectos. En cambio, lo que ocurrió es que se hizo una poco eficaz ponderación de cada uno. En la ecuación se tenía en cuenta los antecedentes de cada empresa y la calidad de las propuestas.
“Se ha tomado conocimiento de que existen contradicciones entre las áreas técnicas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Comisión Mixta, respecto del alcance y oportunidad de la participación de los primeros en el proceso licitatorio, que afectan la unanimidad conceptual de la calidad de los proyectos analizados por dichos organismos”, dice textualmente la resolución del Ministerio de Planificación que anuló el proceso.
“Las contradicciones referidas en los considerandos anteriores resultan insalvables e impiden la normal continuación del proceso licitatorio, pudiendo generarse, de otra forma, perjuicios a los intereses del Estado y de los proponentes calificados”, agrega.