Alberto Fernández rechaza irregularidades en causa de los seguros

En una jornada judicial de alta tensión, el expresidente Alberto Fernández compareció este miércoles ante los tribunales federales de Comodoro Py para prestar declaración indagatoria en el marco de la denominada Causa de los Seguros. El encuentro se desarrolló bajo un riguroso dispositivo de seguridad que cubrió estratégicamente el cuarto piso del edificio judicial.

La investigación, originalmente iniciada por Osvaldo Giordano durante su breve gestión en ANSES, reveló irregularidades significativas en la contratación de seguros estatales. El núcleo de la acusación señala que Fernández habría utilizado su posición para favorecer a un grupo específico de intermediarios, particularmente a brokers de su entorno cercano.

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Durante la audiencia, el exmandatario adoptó una postura defensiva. Su abogada, Mariana Barbitta, argumentó la legitimidad del decreto 823, sosteniéndolo como una herramienta para desarticular prácticas de cartelización en el sector asegurador. Sin embargo, los fiscales cuestionan profundamente esta versión, interpretándola como un intento de encubrir presuntas maniobras irregulares.

Un elemento central de la investigación involucra a Héctor Martínez Sosa, un broker imputado y esposo de María Cantero, quien también será citada a declarar. Las evidencias incluyen documentación y registros fotográficos que sugieren una compleja red de vinculaciones e intereses comprometidos.

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El juez Julián Ercolini ha manifestado su postura rechazando de plano el pedido de nulidad presentado por la defensa, interpretando la maniobra como un intento deliberado de dilatar el proceso judicial. La estrategia procesal de Fernández parece encontrarse en una situación cada vez más comprometida.

El próximo 12 del corriente mes representa un momento crítico, ya que el magistrado deberá resolver la situación procesal del expresidente. Las próximas declaraciones, especialmente la de Cantero, prometen revelar detalles adicionales sobre esta intrincada trama que vincula poder político, intermediación y posible desvío de recursos públicos.

La causa mantiene en vilo a la opinión pública, anticipándose consecuencias potencialmente significativas para la carrera política de Fernández y para la transparencia en la gestión de contratos estatales.