8.500 empleados públicos cobraban ilegalmente el plan Potenciar Trabajo y fueron denunciados por el Gobierno
La denuncia de incompatibilidades fue realizada por el fiscal Guillermo Marijuan. La erogación irregular sería de más de siete mil millones de pesos. Trece provincias y CABA aún no aportaron la base de datos de sus dependientes.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, está elaborando una resolución para dar de baja a 8.538 empleados públicos en diez provincias que reciben simultáneamente el beneficio del Potenciar Trabajo, lo cual viola las normas del programa social.
Este programa, anteriormente bajo el Ministerio de Desarrollo Social y administrado por Emilio Pérsico del Movimiento Evita, generaba un gasto anual de más de siete mil millones de pesos. La denuncia fue realizada por el fiscal federal Guillermo Marijuan.
Pettovello adopta un enfoque diferente al de la ex ministra Victoria Tolosa Paz, quien fue imputada junto a Pérsico por no dar de baja a beneficiarios que recibían el plan social de manera irregular, como aquellos que viajaron al exterior en aviones privados. Además, la ministra ordenó una “auditoría de cero” para evaluar la situación, ya que la información dejada por el Movimiento Evita en la Secretaría de Economía Social es escasa y poco confiable.
La denuncia de Marijuan se centra en las 10 provincias que proporcionaron datos de empleados, más Buenos Aires de manera parcial. El fiscal había solicitado las bases de datos de empleados estatales de todas las provincias para cruzarlas con el padrón del plan social, pero solo diez distritos respondieron hasta ahora. El fiscal acusa a los involucrados de posibles maniobras ilícitas que podrían constituir defraudación contra la Administración Pública, así como violación de los deberes de funcionario público.
Durante la administración Fernández, el Potenciar Trabajo estuvo bajo la supervisión de los ministros Daniel Arroyo, Juan “Juanchi” Zavaleta y Victoria Tolosa Paz. La investigación preliminar de Marijuan ha sido enviada a los fiscales federales de las diez provincias involucradas, solicitando la suspensión o baja de los planes sociales en el marco del caso denominado “Caso Coirón Nro. 234746/2023”. Las provincias afectadas incluyen Tucumán, La Rioja, Jujuy, Corrientes, Salta, Río Negro, Córdoba, Formosa y Santa Cruz.
