Se empieza a planificar cómo y cuándo podría darse el regreso a clases

El Ministerio de Educación de la Nación desarrollará durante junio y julio una serie de encuestas y evaluaciones a docentes, directivos y familias de escuelas de todo el país con la finalidad de brindar evidencias para la planificación del retorno a clases presenciales y la reorganización de las actividades educativas.

La cartera que lidera Nicolás Trotta anunció que el estudio incluye una encuesta a 30.000 directivos y docentes de todo el país así como también serán consultadas 2.800 familias sobre las actividades realizadas desde sus casas durante el período de aislamiento que comenzó el 20 de marzo pasado con motivo de la pandemia de Covid-19.

Puede Interesarte:

El SMN emite un alerta amarilla para Mercedes pese al pleno sol

Algunos de los aspectos que serán relevados serán las prácticas pedagógicas desarrolladas, las decisiones didácticas que se tomaron, los canales de comunicación utilizados, el tipo de actividades más frecuentes y los materiales o recursos implementados. También se registrará en qué escuelas se mantuvieron activos los servicios de alimentación.

El relevamiento será implementado por la Secretaría de Evaluación e Información Educativa a partir de este mes, y los resultados preliminares se conocerán a finales de julio de 2020. El informe general se conocerá recién en octubre.

La Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica fue aprobada por el Consejo Federal de Educación para brindar evidencias para la toma de decisiones, la planificación del retorno a clases y la reorganización de las actividades educativas, en el marco de la responsabilidad que tiene el Estado Nacional y los Estados jurisdiccionales para garantizar el derecho a la educación.

La secretaria de Evaluación e Información Educativa, Gabriela Diker, consideró que “la evaluación que estamos proponiendo concierne tanto a las condiciones en las que se aprende como a las condiciones en las que se está pudiendo garantizar la enseñanza”.

“Lo que nos preocupa como principio general es el modo en que las políticas estatales, tanto nacionales como jurisdiccionales, están permitiendo el cumplimiento del ejercicio del acceso a la educación”.