Precios: los municipios tendrán una herramienta de control

Frente a la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires busca fortalecer el monitoreo y la fiscalización del cumplimiento de todas normativas relacionadas con precios y abastecimiento. A tal fin, creó mediante el Decreto 177/20 el Sistema de Monitoreo de Abastecimiento y Precios de Productos Esenciales (SIMAP) a cargo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica.

El SIMAP establece un listado de productos esenciales (alrededor de 2.100 productos tomados de la Resolución N°100-SCI del Gobierno Nacional), cuyos precios deben retrotraerse al valor vigente al 6 de marzo de 2020. Estos precios no podrán ser aumentados durante un período de 90 días.

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Esta medida incluye a los establecimientos comerciales mayoristas de venta de productos de consumo masivo, que cuenten con salón de ventas; todos los comercios que realizan venta minorista de productos de consumo masivo; almacenes, mercados, autoservicios, supermercados e hipermercados, y las personas jurídicas y humanas que participen de las distintas etapas y cadenas de producción, distribución y comercialización intermedia y final de cada uno de los productos declarados esenciales.

Además, el SIMAP establece que los integrantes de la cadena de producción, distribución y comercialización de los bienes declarados esenciales, deberán mantener los niveles de producción y abastecimiento de tales bienes hasta el máximo de su capacidad instalada y a arbitrar las medidas conducentes para asegurar su transporte y provisión.

Los miembros de la cadena de producción, distribución y comercialización de los bienes alcanzados por la presente medida, deberán informar semanalmente los precios de venta de tales bienes, niveles de aprovisionamiento y producción. Del mismo modo, deberán informar inmediatamente en caso de que no puedan cumplir con sus obligaciones por motivos que los trascienden, denunciando a través de un formulario web cuáles son las causas por las cuales no están en condiciones de cumplir con la normativa.