En una conferencia de prensa celebrada en la Casa Rosada, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció una reestructuración radical del sistema de recaudación fiscal argentino. La medida más impactante es la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), un organismo que ha sido pilar de la administración tributaria del país durante casi tres décadas.

En su lugar, el gobierno ha decidido crear la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que se presenta como una entidad más ágil y menos burocrática. Esta nueva agencia absorberá las funciones de la extinta AFIP, regresando a una estructura similar a la que existía antes de los años 90, con la reactivación de la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección General de Aduanas (DGA).

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La reestructuración conlleva una significativa reducción de personal y cargos. Según informó el gobierno, se eliminará el 34% de la estructura actual, lo que incluye una disminución del 45% en las autoridades superiores y del 31% en los niveles inferiores. Esta medida implicará la desvinculación de 3.155 empleados que, según afirman, ingresaron de manera irregular durante la última administración.

El impacto económico de esta reorganización es sustancial. El Ejecutivo proyecta un ahorro anual de 6.400 millones de pesos, principalmente derivado de la reducción de personal y la eliminación de la Cuenta de Jerarquización para altos cargos. Como ejemplo, el salario de la titular del nuevo ente se reducirá de aproximadamente 32 millones a 4 millones de pesos, equiparándolo al de un Ministro de la Nación.

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Florencia Misrahi liderará la ARCA, acompañada por Andrés Gerardo Vázquez al frente de la DGI y José Andrés Velis en la DGA. El gobierno enfatiza que esta reestructuración busca no solo reducir costos, sino también profesionalizar el ente, mejorar la eficiencia en la recaudación y el control aduanero, y eliminar lo que consideran “privilegios del pasado”.

Adorni justificó la medida argumentando que la AFIP había funcionado como una “caja política” y que había sometido a muchos argentinos a “persecuciones inmorales”. El vocero reiteró el compromiso del gobierno con los principios liberales, citando las palabras del presidente Javier Milei sobre el respeto a la propiedad y la libertad individual.

Esta decisión marca un cambio significativo en la política fiscal argentina. La AFIP, creada durante la presidencia de Carlos Menem por iniciativa del entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, había sido concebida para centralizar y optimizar la administración de los ingresos fiscales provenientes de impuestos, tasas al comercio internacional y contribuciones a la seguridad social.

El anuncio ha generado reacciones diversas en el ámbito político y económico. Mientras el gobierno sostiene que esta medida es necesaria para “desmantelar la burocracia innecesaria” y fomentar la libertad económica, críticos advierten sobre los posibles riesgos de desmantelar una institución con décadas de experiencia en la compleja tarea de la recaudación fiscal.

La implementación de estos cambios y su impacto real en la eficiencia recaudatoria y la economía del país serán seguidos de cerca por analistas y ciudadanos en los próximos meses, mientras Argentina navega por estas aguas de reforma estructural en un contexto económico desafiante.