El Ejecutivo argentino se apresta a dar un paso controvertido en materia de política sanitaria internacional. A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el presidente Javier Milei busca concretar la salida del país de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una decisión que se alinea con posturas similares adoptadas por Estados Unidos.

La membresía de Argentina en la OMS se remonta a 1948, cuando mediante la Ley N° 13.211 el país formalizó su adhesión a la constitución del organismo y al protocolo de la Oficina Internacional de Higiene Pública. Esta incorporación, gestada inicialmente en Nueva York dos años antes, requirió ratificación parlamentaria para su implementación definitiva.

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Expertos constitucionalistas señalan importantes obstáculos legales para esta iniciativa. La Constitución Nacional, en su artículo 75 inciso 22, establece la supremacía de los tratados internacionales sobre las leyes nacionales. El procedimiento de salida, denominado “denuncia” en términos diplomáticos, requiere la aprobación de dos tercios de los miembros de ambas cámaras legislativas.

El especialista Andrés Gil Domínguez destaca una particularidad adicional: la constitución de la OMS no contempla explícitamente el mecanismo de retiro de sus miembros. Si bien este acuerdo no posee jerarquía constitucional, su vinculación con el derecho fundamental a la salud sugiere la necesidad de cumplir requisitos similares a los tratados de mayor rango.

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El panorama parlamentario presenta desafíos significativos para el gobierno. En la Cámara de Diputados, la Unión Cívica Radical, bajo el liderazgo de Rodrigo De Loredo, aguarda conocer los detalles del decreto para definir su posición. El Senado presenta un escenario aún más adverso, con Martín Lousteau, crítico habitual de las iniciativas oficialistas, al frente del radicalismo.

El PRO mantiene una postura indefinida, aunque ya surgieron voces críticas como la del ministro de Salud porteño, Fernán Quirós. Por su parte, el espacio Encuentro Federal, a través de la diputada Margarita Stolbizer, presentó un proyecto solicitando la revisión de esta decisión, argumentando la importancia de la cooperación internacional en materia sanitaria.

La justificación presidencial para este alejamiento se centra en críticas a la gestión de la pandemia de COVID-19. Milei considera que la OMS promovió medidas de aislamiento excesivas, calificándolas como “delitos de lesa humanidad estrafalarios”.