La Provincia de Buenos Aires a media maquina

El Ministerio de Producción, IOMA, el ministerio de Infraestructura y Vivienda, la cartera de Desarrollo Social y Trabajo, el Instituto de Previsión Social, la Dirección de Cultura y Educación, el Ministerio de Economía: en ninguno de esos lugares se trabajó de manera normal en las últimas semanas. Con paros, asambleas, quites de colaboración, tomas simbólicas, movilizaciones y otras estrategias, los trabajadores del sector público hicieron sonar su voz de repudio, disconformidad o desánimo frente a las rebajas salariales derivadas de la devaluación, la aplicación del sistema de unidades retributivas y el recorte de adicionales específicos o de horas extra y viáticos reales.
Las consecuencias de esta catarata de protestas fueron muchas. Entre ellas: la Provincia brindó de manera deficiente algunos servicios básicos como la atención a los afiliados del IOMA o del Instituto de Previsión Social; patriotas que aún pagan sus impuestos tuvieron problemas para presentar sus declaraciones juradas o no pudieron realizar consultas on line por el paro en a Dirección de Sistemas de Información del Ministerio de Economía; cerca de 300 mil trabajadores de la Dirección de Cultura y Educación estuvieron a punto de quedarse sin recibos de sueldo por las medidas de fuerza en la Dirección de Sistemas de esa cartera; el Ministro de Infraestructura no pudo, por la toma del viejo edificio de Obras Públicas, ingresar a su despacho a firmar un decreto que el Gobernador necesitaba de manera urgente.
Y no fue todo. En dependencias del Ministerio de Producción o de organismos asociados
-como el IPAC o el IDEB- el normal funcionamiento administrativo quedó para más adelante, cuando se defina cuál queda, cómo queda y cobrando qué sueldo. En otra vereda de la debilitada Provincia, los comedores escolares funcionan como pueden cobrando subsidios ínfimos, en patacones que algunos proveedores cotizan a la baja y con un retraso de 90 días. Para colmo, sus empleados, acostumbrados a cobrar buenos viáticos, ven cómo sus ingresos se reducen a niveles poco compatibles con el alza de precios.
Deficiencias históricas
Las dificultades para realizar trámites en dependencias de las administración pública bonaerense son históricas. Entre los motivos de esta triste realidad se cuentan:
l La falta de profesionalización de la carrera, denunciado por los propios gremios del sector.
l Los sueldos bajos o variables en función de las simpatías o antipatías del personal jerárquico.
l La falta de motivación y las dificultades técnicas como falta de insumos y sistemas deficientes.
A estos clásicos se agregaron, a partir de la brusca caída en desgracia del modelo neoliberal, a fines de los ‘90, las medidas de fuerza del personal: paros, asambleas, tomas, manifestaciones y quites de colaboración.
En las últimas semanas, la autoridad del Gobierno provincial no sólo está cuestionada por la indiferencia de la gente respecto de obligaciones de la talla del pago de impuestos, sino también por los propios empleados públicos. En número creciente, éstos se resisten a perder poder adquisitivo por la reducción de varios adicionales, sobre todo los viáticos y horas extraordinarias que engrosaban sus sueldos.
La barricada de los estatales se levantó casi en el mismo momento en que el gobierno de Felipe Solá anunció un nuevo plan de ajuste con eje en la reducción de la masa de recursos que gasta en pagar sueldos aportes y adicionales para su personal. Sin embargo, se hizo carne en un número importante de empleados cuando se implementó el drástico recorte de horas extraordinarias y viáticos que se reemplazó en muy pequeña medida por las Unidades Retributivas por Productividad y Eficiencia.
La implementación de las Urpes afectó de manera especial a las sedes de los organismos provinciales. En este sentido, los empleados radicados en La Plata fueron siempre los más beneficiados con el pago de adicionales “en negro” desde que -tras la implementación de la convertibilidad, en 1991- implementó Antonio Cafiero y popularizó Eduardo Duhalde, gobernador bonaerense desde diciembre de ese año.
A raíz de virtual rebaja de los sueldos, los empleados motorizaron las asambleas que derivaron en quites de colaboración y tomas simbólicas de las sedes gubernamentales. El primer caso fue el misterio de Producción: allí el impacto del recorte fue muy importante, porque como la mayoría de los empleados cobran sueldos bajos, las autoridades de la cartera los compensaba “dibujándole” viáticos inexistentes.
Sin embargo, la toma y el trabajo a desgano provocaron una parálisis que no afectó en gran medida al común de la gente, debido a que la cartera trabaja sobre todo con empresas e instituciones. En cambio, la situación sí se fue repitiendo en otros organismos más en contacto con la gente, con el IOMA o el IPS. La situación más grave sucedió en el Ministerio de Economía donde a las dificultades para recaudar se sumó el paro de los empleados de la Dirección de Sistemas de Información.