El gobierno bonaerense, encabezado por Axel Kicillof, ha emitido un comunicado oficial que establece sanciones administrativas para el personal docente que decida no iniciar las actividades académicas. La comunicación, emanada desde la Dirección General de Cultura y Educación, señala que las inasistencias serán registradas como “Sin Justificación” bajo códigos específicos para docentes y personal auxiliar.

La administración provincial cuestiona la legitimidad de la medida de fuerza, argumentando que la decisión contradice los acuerdos salariales alcanzados recientemente en las mesas de negociación paritaria. El comunicado destaca que las acciones de interrupción laboral carecen de validez legal, según lo establecido en la normativa vigente sobre asociaciones profesionales.

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El documento oficial pone énfasis en recordar que las medidas de acción directa están reservadas únicamente a sindicatos constituidos legalmente. La comunicación busca sentar un precedente sobre las consecuencias administrativas y económicas para quienes decidan secundar la paralización de actividades educativas.

La determinación gubernamental implica un descuento salarial directo para los trabajadores de la educación que secunden el paro. Códigos específicos (1257 para docentes y 066 para auxiliares) serán utilizados para registrar las inasistencias, lo que permitirá un control preciso de las ausencias y su posterior impacto en las remuneraciones.

El conflicto evidencia la tensión existente entre el gobierno provincial y los gremios docentes, en un contexto donde las negociaciones salariales continúan siendo un punto de importante controversia en el sistema educativo bonaerense.