El Ministerio de Seguridad de Buenos Aires ha decidido separar de la fuerza y presentar cargos penales por sedición contra 18 miembros de la Policía Bonaerense que abandonaron sus puestos para manifestarse por mejoras salariales. Los efectivos, que prestaban servicio en los municipios de Ituzaingó y Tres de Febrero, enfrentan graves consecuencias legales por sus acciones.

La medida se fundamenta en que la Constitución no faculta a las fuerzas de seguridad para realizar reclamos salariales mediante este tipo de acciones. “Los expulsamos de la institución y presentamos la denuncia penal correspondiente por incumplimiento de sus funciones. Se encuentran en una situación jurídica comprometida, y esta será la respuesta ante cualquier intento de sublevación”, afirmaron desde la cartera que dirige Javier Alonso en declaraciones a medios nacionales.

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El gobierno provincial encabezado por Axel Kicillof había anunciado un incremento salarial del 9% en cuotas para todos los trabajadores estatales, incluida la Policía Bonaerense, distribuido en un 7% para febrero y 2% para marzo. Este acuerdo contemplaba también mejoras en la compensación por uniforme y un aumento en el monto del servicio de Policía Adicional para quienes realizan tareas durante sus francos.

Las manifestaciones policiales se han organizado principalmente a través de redes sociales, donde circula un petitorio de 13 puntos que incluye demandas como un aumento del 100% del salario básico, mejoras en las prestaciones médicas de IOMA, convenios con clínicas privadas y la asignación de personal a zonas cercanas a sus domicilios, entre otros reclamos.