Escándalo médico: denuncian red de certificados psiquiátricos falsos
La abogada y legisladora bonaerense Florencia Arietto expuso en sus redes sociales una denuncia contra un psiquiatra de Comodoro Rivadavia, a quien acusa de emitir licencias múltiples empleados a cambio de una tarifa.
Una investigación sin precedentes en la región patagónica ha destapado un presunto esquema fraudulento que involucra la emisión sistemática de certificados médicos falsos en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly. El caso salió a la luz luego de una exhaustiva investigación realizada por la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly (CACIPCR), junto a la Asociación Hotelera y Gastronómica de la Patagonia Central (AEHGPC).

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El profesional señalado, identificado como Marcelo Raúl Soria, habría expedido certificados psiquiátricos sin realizar evaluaciones clínicas apropiadas, en consultas que no superaban los diez minutos. Las evidencias, que incluyen grabaciones con cámara oculta, revelan un sistemático mecanismo de fraude que habría afectado a decenas de empresas locales.
El impacto económico ha sido significativo para el sector empresarial. Cada certificado fraudulento representaba un costo mensual de entre 1.600 y 2.000 dólares por trabajador, con casos documentados de licencias que se extendieron por más de un año. Esta práctica no solo ha perjudicado a los empleadores sino que también ha provocado distorsiones en el mercado laboral local.

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Una encuesta realizada entre 76 PyMEs de la región arrojó resultados alarmantes: 47 empresas reportaron casos de trabajadores con licencias médicas, de las cuales aproximadamente la mitad fueron emitidas por el mismo profesional. El problema comenzó a detectarse en 2020, durante el inicio del aislamiento por Covid-19, cuando un primer sondeo entre 48 empresas ya mostraba patrones similares.
Las organizaciones empresariales han presentado una denuncia penal solicitando la inhabilitación de la matrícula profesional de Soria y han pedido constituirse como querellantes. Las acusaciones se basan en los artículos 172, 292 y 295 del Código Penal, que contemplan los delitos de estafa y falsificación de documentos.

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El caso presenta características particulares debido a la naturaleza de las licencias psiquiátricas, donde los síntomas no pueden determinarse mediante estudios clínicos convencionales. Según las denuncias, el médico habría instruido a los trabajadores sobre cómo responder ante controles de Medicina Laboral para evitar la detección del fraude.
Las entidades empresariales han enfatizado la necesidad de resolver las cuestiones laborales y de salud a través de los canales legales establecidos, protegiendo tanto los intereses empresariales como la salud mental de los trabajadores que realmente necesitan atención profesional.


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